Abogados, grupos civiles, autoridades locales y universidades preparan un plan de “resistencia” para proteger a los migrantes indocumentados de las posibles deportaciones masivas que ordenaría el gobierno del presidente electo Donald Trump.
El plan incluye estrategias que van desde ofrecer información sobre cómo actuar en caso de una detención por autoridades migratorias, hasta proveer servicios legales para que los migrantes elegibles puedan regularizar su situación migratoria o aplazar su deportación.
Varias ciudades, entre ellas Nueva York y Los Ángeles, han reafirmado su condición de “santuarios”, lo que significa que no cooperarán con las autoridades migratorias federales en casos de migrantes que podrían ser sujetos a procesos de deportación.
La intención es evitar el pánico y las reacciones viscerales en caso de que Trump cumpla su promesa de expulsar a 11 millones de migrantes indocumentados o, al menos, a los más de dos millones que de acuerdo con sus cálculos tienen antecedentes criminales en Estados Unidos.
De cumplir estas promesas, las deportaciones significarían la separación de miles de familias en Estados Unidos debido a que una gran parte de los migrantes indocumentados tiene lazos sanguíneos con ciudadanos estadunidenses y residentes legales.
Varios organismos civiles consultados por Notimex apuntan a que muchos migrantes están considerando desde ahora regresar por su propia voluntad a México o emigrar a Canadá. Varios migrantes más han cancelado sus cuentas de bancos o planean cerrar negocios.
Eduardo Peñaloza, director del grupo promigrante Organización Mixteca, expresó que desde las elecciones han convertido su centro de atención a víctimas de violencia doméstica en un centro de ayuda para que los migrantes indocumentados puedan hacer frente a su ansiedad.
“Hemos convertido esa oficina en un centro de recepción de casos de ansiedad y emergencia, con psicólogos y trabajadores sociales que ofrecen asesoría”, expuso.
Además, añadió, “Mixteca se ha convertido en un lugar seguro para realizar reuniones y organizar mítines sobre temas migratorios”.
En tanto, el consulado de México en Nueva York lanzó la Ventanilla de asuntos migratorios y ciudadanía, donde ofrece en conjunto con la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) asesoría legal gratuita a migrantes elegibles para regularizar su situación.
Autoridades consulares mexicanas expresaron a principios de este mes su expectativa de que este esfuerzo para regularizar y asesorar a migrantes elegibles para obtener la ciudadanía pudiera extenderse a los más de 50 consulados mexicanos en Estados Unidos.
Peñaloza señaló “un incremento en la presencia de abogados” tanto de CUNY como de despachos privados aliados con organismos civiles para garantizar la protección de migrantes, tanto en caso de discriminación o acoso, como de asesoría en procesos de deportación.
A su vez, el grupo civil Se Hace Camino Nueva York organiza “Comités de Defensa de la Familia” para educar y defender a migrantes “injustamente detenidos”, así como para mantener a autoridades migratorias fuera de los hogares de personas indocumentadas.
“En las semanas y años próximos trabajaremos para hacer de Nueva York un centro de resistencia contra el gobierno de Trump”, declaró Se Hace Camino Nueva York en la descripción de su esfuerzo tras las elecciones.
Otras agrupaciones, como la Asociación de Profesionistas y Empresarios Mexicanos (APEM) han redoblado sus esfuerzos para financiar la renovación de permisos DACA para jóvenes mexicanos de bajos recursos y “cuyas vidas corren riesgo de quedar en el limbo”.
Peñaloza aludió de igual forma la táctica de algunos jóvenes beneficiados con DACA de viajar a México y regresar a Estados Unidos, ahora que cuentan con una posposición de su deportación a fin de mostrar en su pasaporte un ingreso legal a territorio estadunidense.
El representante comunitario precisó que la condición para que un inmigrante indocumentado pueda regularizar eventualmente su situación es que no haya ingresado a Estados Unidos de manera ilegal.
El viaje al exterior les daría en ese sentido un ingreso legal, base para una eventual regularización.
Algunos despachos de abogados han sugerido asimismo una táctica de mayor riesgo para inmigrantes indocumentados: solicitar asilo, una estrategia que aún si fracasa podría posponer la deportación durante años.
El atraso en las cortes de migración significa que un solicitante de asilo tendría su primera audiencia incluso luego de cuatro años de iniciarla.
En caso de ser rechazado, el solicitante es colocado en un proceso de deportación que puede extenderse igualmente durante años.
“Estamos haciendo más y más de estos casos. Es una técnica muy agresiva”, declaró en fecha reciente al diario The Wall Street Journal el abogado Jerome Lee, quien trabaja en un despacho en la comunidad de Norcross, en el estado de Georgia.
“No creo que la gente en ciudades como Nueva York sienta un efecto inmediato de un viraje en las políticas migratorias de Estados Unidos, pero los migrantes sí están atemorizados por el cambio en el tono y en las intenciones, y se están movilizando”, declaró Peñaloza.
