Legisladores del PAN presentaron una iniciativa que incluye sanciones administrativas, incluso de seis meses a 12 años de prisión para los servidores públicos que otorguen o autoricen, para sí o para otros, los pagos de remuneraciones, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones, préstamos o créditos que estén fuera de la ley o fuera de los contratos de trabajo.
En total, 12 senadores del PAN, además de la senadora independiente Martha Tagle y dos diputados del blanquiazul suscribieron la iniciativa que fue presentada ante la Comisión Permanente. Con la creación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria fijan reglas para las remuneraciones de los servidores públicos en los tres Poderes de la Unión, además de los órganos autónomos y prohíbe que los funcionarios tengan remuneraciones superiores a las del Presidente de la República.
Esto busca de una vez por todas, terminar con la simulación del salario. La gente merece saber cuánto ganamos realmente”, dijo en tribuna la senadora Laura Rojas, quien acotó que los legisladores debieron aprobar desde hace seis años la ley reglamentaria del artículo 127 constitucional.
La iniciativa estipula como remuneración, a la suma de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias, ya sean en dinero o en especie, incluyendo salarios, los aguinaldos y hasta los bonos navideños. Los funcionarios tendrán que comprobar varios privilegios como viáticos y vales de despensa.
No gozarán de las asignaciones correspondientes a telefonía móvil, vales de despensa, seguro de gastos médicos mayores, vehículos o gasolina, que no sean para uso exclusivo de actividades oficiales”, recalcó Rojas.
La panista añadió que los ahorros que se generen con la puesta en marcha de esta ley se destinarían a la generación de transporte público eficiente.
La iniciativa incluye la reforma a la Ley General de Responsabilidades Hacendarias y al Código Penal Federal para que todo aquel que tenga o autorice percepciones fuera de la ley o de su contrato de trabajo se le impongan de seis meses a doce años de prisión, de 100 a 300 días multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción establecería los tabuladores de remuneraciones de los servidores públicos. Los tabuladores de la administración pública federal serían incluso aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.
