La cárcel brasileña donde murieron 26 presos el fin de semana registró hoy un nuevo motín y algunos presos intentaron invadir un pabellón donde se encuentran internos de una facción rival, a pesar de que las autoridades habían informado de que tenían el “control” de la situación.
Los prisioneros montaron una barricada en uno de los patios de la Penitenciaria Estatal de Alcaçuz, en Nisia Floresta, ciudad de la región metropolitana de Natal, capital del estado de Río Grande do Norte, y se desplazaron libremente por el interior del presidio.
Un grupo intentó irrumpir con palos y piedras en un ala de la cárcel donde se encuentran presos rivales y la Policía lanzó bombas aturdidoras para contener el enfrentamiento y los medios locales registraron que se escucharon varios disparos.
Según mostraron las cámaras de televisión, varios presos resultaron heridos y fueron trasladados por otros reos en una carreta, con el fin de buscar ayuda médica.
Los internos también volvieron subirse al tejado del complejo penitenciario, donde se han registrado varios momentos de tensión desde el sábado, cuando fueron brutalmente asesinados 26 presos, la mayoría del grupo criminal Sindicato do Crime de Río Grande do Norte (SDC).
El gobernador de Río Grande do Norte, Robinson Faria, confirmó hoy que la matanza fue una venganza del Primer Comando de la Capital (PCC) después de que integrantes de la facción fueran reprimidos el pasado 1 de enero en una cárcel de la ciudad amazónica de Manaos, en la que fallecieron 56 detenidos.
Faria se reunió en Brasilia con el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, para pedir un refuerzo de la Fuerza Nacional, una Policía de elite que actúa bajo autorización del Gobierno Federal.
“Yo pido movilizar la Fuerza Nacional. Hemos pedido su ayuda y también un helicóptero para frenar la crisis”, aseguró el gobernador.
El gobernador advirtió que el Gobierno no cederá a las presiones de los grupos criminales, como el PCC, que amenazó con aumentar la violencia en el estado si los líderes que ordenaron la matanza son transferidos a otras prisiones.
“Tenemos que enfrentar todo tipo de intimidación”, aseguró Faria, quien precisó que el gobierno regional está respetando la “ley con mucho rigor”.
