A colación de las iniciativas de Ley hechas por diferentes fuerzas políticas mexicanas, en voz de legisladores locales y federales, como la del diputado federal independiente Manuel Clouthier Carrillo en diciembre de 2015, del Senador Francisco Búrquez apoyada por sus iguales del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática el pasado 12 de enero del presente año, sumándose a éstas la propuesta hecha por la bancada priista de la legislatura local de Campeche del día 17 pasado, en donde proponen la reducción de financiamiento a los Partidos Políticos Nacionales en virtud de la etapa de austeridad a la que hoy se convoca; y siendo un asunto, que merece ser revisado a profundidad y conocido por la ciudadanía para identificar los alcances, me permito realizar un modesto análisis que bien pueda servir como base para orientar el tema y la discusión.
Pero ubiquémonos en el tema, explicando inicialmente la función que cumplen los partidos políticos dentro de la sociedad. Estas son entre otras :
• Postulación de proyectos políticos de carácter global (plataformas)
• Agregación y Jerarquización de intereses
• Comunicación y orientación de los órganos políticos del poder
• Función electoral
• Selección y reclutamiento de los aspirantes a los cargos públicos.
Éstos se constituyen por ciertos elementos que de acuerdo a José De Andrea Sánchez , son los siguientes:
• Organizaciones durables. Se crean para tener vigencia durante un periodo largo en tiempo.
• Poseen una estructura completa. Es decir, tienen órganos de dirección y técnicos, así como una base importante de militantes.
• Manifiestan la voluntad de obtener el apoyo popular. Para ejercer el poder lo hacen exponiendo su ideología para convencer a la sociedad que su propuesta es la mejor.
• Poseen la voluntad de ejercer directamente el poder. Persiguen que sus candidatos lleguen a ocupar cargos de elección popular y ejerzan la autoridad pública en un ámbito territorial.
• Tienen independencia respecto al Estado. Es decir existe una independencia orgánica y funcional respecto al mismo.
• Dependencia financiera de los órganos electorales. Aunque existe la independencia orgánica y funcional los partidos respecto al estado, éstos no son autofinanciables-aunque establezcan cuotas partidarias–, porque dependen en gran medida de las prerrogativas que por Ley les corresponde. A partir de ese financiamiento pueden solventar toda la maquinaria política en cumplimiento de los fines que la ley les señala.
Luego entonces, lo anterior reviste la importancia de esas instancias que fueron creadas para cumplir la reproducción y evolución de los sistemas políticos y son actores principales en la integración del poder mediante la celebración de elecciones, en donde los ciudadanos reconocidos por la ley, pueden ejercer con libertad su derecho a votar. Por eso su financiamiento resulta clave para el estado, para que cumplan y conserven sus funciones y elementos, pudiendo así legitimar los procesos democráticos.
Antiguamente los partidos eran simples agrupaciones de notables, con militancia limitada y con gastos mínimos. Sobrevivían de las donaciones que les otorgaban los patronos, candidatos o la nobleza. Posteriormente cuando surgen los partidos de masas y se extiende el sufragio, éstos procuran otras fuentes de financiamiento como es el caso de las “cuotas”.
Pero ¿en qué momento se encarecen los partidos políticos?,
Cuando se incorporan los medios de comunicación y el marketing político es cuando se encarece sobremanera los procesos electorales, además de la tecnificación del aparato gubernamental (más asesores que representantes), la corrupción dentro de los órganos electorales, el incremento de la presencia de nuevos partidos en función de la permisibilidad de la ley, etc. Es decir, se podría decir que estamos regresando a la misma causa que en 1918, hizo que se pulverizara el sistema político mexicano—la ley permitía que con sólo 100 ciudadanos se podría constituir un partido– y que llevó a divisiones y a la polarización de las fuerzas políticas que hicieron que el país se debilitara en lo interno y lo externo.
Luego entonces, cuando el sistema político y sus órganos electorales empiezan a entrar en descomposición, cuando se vuelven botines de sus representes, es cuando el sistema falla y se pervierte empieza a encarecer los procesos. De ahí la necesidad de revisar el tema de los financiamientos externos e internos, pasando por una serie de reformas a través del tiempo que iniciaron de manera decidida a partir de 1996.
La reforma política de 1996—siendo la legislatura última con mayoría absoluta del PRI –, constituyó un parteaguas. Se introdujo un modelo más democrático y equitativo pensando en las demás fuerzas políticas. Las características principales de este modelo aprobado por la 56 legislatura, entre otras fueron:
• Se determinó desde la Constitución, la preeminencia del financiamiento público por sobre el privado.
• Se estableció una fórmula para determinar el monto total a distribuir a los partidos para financiar sus actividades considerando: costos mínimos de campaña, determinados por el IFE, que suponían podían sufragar campañas de diputados, senadores y presidente. El número total de diputados y senadores a elegir, el número de partidos que estarían representados en las cámaras alta y baja. El resultado arrojaba una cantidad que se distribuía en un 30% de manera igualitaria y un 70 % de manera proporcional a la última votación de diputados.
• Se fijó un monto adicional que se entregaba a los partidos en tiempo de elecciones, por concepto de gastos de campaña.
• Se incrementó el porcentaje que el estado reembolsaba a los partidos para actividades de capacitación, investigación y productos editoriales pasando del 50 % a 75 %.
• Se acotaron de manera significativa los límites de las aportaciones particulares licitas; las aceptadas quedaban en el rango del 0.05 % del monto total de financiamiento público para los partidos y la suma total de esas aportaciones no podía pasar del 10 %. Y se prohibieron las contribuciones anónimas salvo las que fueran resultado de colectas en mítines y en la vía pública.
• Se fortaleció notablemente la autoridad electoral en su función fiscalizadora integrando la Comisión de Fiscalización dependiente del IFE con serios y muy severos mecanismos de control.
• Y un punto importantísimo, hizo coparticipes a los partidos políticos de la mutua supervisión. Es decir poseían funciones de vigilancia en materia de financiamiento pudiendo manejar quejas y denuncias contra otros partidos que rebasaran los topes, que serían desahogadas a través de la citada comisión .
Pero adicional a lo anterior dicha reforma política, introdujo un esquema de financiamiento indirecto a través del otorgamiento de tiempos en la radio, que el IFE ponía a disposición de esas instancias y mantuvo las franquicias postales adicionales a las prerrogativas a las que tenían derecho. En suma, la reforma sentó las bases de una participación equitativa e igualitaria en materia de partidos y del propio sistema electoral, siendo una legislatura –repito-con mayoría absoluta priista. Lo que demostró que esta fracción miró más hacia la conveniencia nacional que la de partido, pensando en las minorías, generando cambios visionarios, justos para fortalecer el sistema de partidos y la democracia mexicana.
Y los efectos de esta reforma se sintieron de inmediato, incluso en la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en el Congreso en 1997, en donde el propio control de financiamiento hizo que la ventaja ya no se impusiera por parte del partido hegemónico, como igualmente en la derrota del PRI en el año 2000.
Y al iniciar el nuevo siglo el complejo sistema de rendición de cuentas llevó a que los partidos incurrieran en una serie de irregularidades, por eso la fiscalización pasó de ser una función complementaria a elemental, para que los proceso fueran justos. Sin embargo, los casos como el “Pemexgate”, y los “Amigos de Fox”, dejaron en evidencia la vulnerabilidad del sistema.
Continuará.