La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Procuraduría General de la República revelar los nombres de las víctimas de la llamada “Guerra Sucia”, entre los años 70 y 80, luego de que la dependencia se opusiera a hacer pública esa información bajo el argumento de que se trataba de datos personales, así como por el sigilo en las investigaciones.
A propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, la Segunda Sala amparó este miércoles a Mariana Mas Minetti para que la PGR proporcione los nombres de las víctimas que constan en 135 averiguaciones previas concluidas sobre casos de desapariciones cometidas contra personas relacionadas con movimientos sociales y políticos del pasado.
En contra de esta resolución se pronunció la ministra Margarita Luna Ramos, quien argumentó que existe el derecho de protección de los datos personales el cual, dijo, es reconocido por la Constitución.
Yo coincido con la parte que determina que cuando se trata de información sobe delitos de lesa humanidad sí prevalece el criterio de máxima publicidad sin embargo está también en contraposición el derecho reconocido por la Constitución en materia de datos personas y el solicitar los nombres de las personas, en mi opinión son datos personales y a final de cuentas tendría que consultarse son las personas sobrevivientes de esa época para determinar si están en aptitud o no de dar la información”, expuso.
En contraparte el ministro Pérez Dayán sostuvo ante sus compañeros que trasladar una mera cifra estadística a un “nombre o rostro”, implica adquirir verdadera conciencia del problema en cuestión y además dignifica al ser humano.
Con esta resolución del máximo tribunal del país queda abierta la puerta para que en el futuro la ciudadanía pueda solicitar los nombres de víctimas por desaparición forzada y éstos sean hechos públicos
