La expresidenta de Argentina Cristina Fernández fue de nuevo convocada por un juez y deberá declarar como imputada por presunto lavado de dinero y cohecho en una causa que investiga supuestos negocios irregulares con empresarios de la obra pública a través de la empresa familiar Los Sauces.
Según confirmaron a EFE fuentes jurídicas, el magistrado federal Claudio Bonadio citó hoy, además de a Fernández -que deberá presentarse en los juzgados el 7 de marzo-, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a los empresarios ligados al kirchnerismo, contratistas del Estado, Cristóbal López y a Lázaro Báez, ya detenido como acusado en otra causa por lavado de activos.
“Como siempre lo hizo, va a presentarse en la Justicia. No tiene ningún inconveniente, obviamente que sostenemos la inocencia de ella, de sus hijos y de la familia de la expresidenta, no solamente en esta causa sino también en las demás”, explicó a Efe Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández.
La causa conocida como Los Sauces surgió en abril de 2016 tras una denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), así como los hijos de ambos.
En su demanda, la legisladora les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
Stolbizer cree que pudo utilizarse la empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y conformada en 2006 por el matrimonio presidencial y su primogénito, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de parte de esos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
El fiscal Carlos Rívolo hizo lugar a esa denuncia de Stolbizer y pidió investigar como imputada a la expresidenta, por lo que ahora decidió convocarla el juez, quien una vez le haya tomado declaración decidirá si dicta su procesamiento, es decir, si abre un proceso penal contra ella que desemboque en la apertura de un juicio oral.
Entre las medidas dispuestas en este tiempo, Bonadio ordenó varios allanamientos, intervenir la sociedad, tasar todas sus propiedades y pedir a la justicia de Estados Unidos información sobre una cuenta bancaria que perteneció a Kirchner.
Además, y en el marco de otras causas que la afectan, pesa sobre Fernández una inhibición (bloqueo) general de sus bienes – que según consta en su declaración jurada patrimonial de 2015 asciende a 77,3 millones de pesos (unos 5 millones de dólares)- y solo puede disponer libremente de su pensión como expresidenta, en torno a 150.000 pesos (9.600 dólares) mensuales.
Mientras Dalbón destaca que la nueva citación judicial “era algo previsto” debido a la “enemistad” que tiene con ella Bonadio, fuertemente criticado por el kirchnerismo en los últimos años, el juez ha negado en alguna ocasión tener animosidad personal contra ella.
El magistrado, que en 2015 procesó a la expresidenta por perjuicio al Estado a través de presuntas irregularidades en operaciones del Banco Central durante su mandato, es, según Dalbón, “el peor juez federal”, así como “poco creíble” y “oportunista” y “el que más revocaciones ha tenido y denuncias en el consejo de la magistratura”.
“Hay un plan sistemático entre la justicia federal, los medios y el Gobierno de Mauricio Macri para que no se presente como candidata a senadora en octubre”, dijo Dalbón, convencido de que uno de los métodos es “intentar acorralarla” en la justicia.
Fernández, que culminó su mandato como presidenta en diciembre de 2015, ha reiterado en multitud de ocasiones que se siente objeto de una “feroz campaña de persecución política, mediática y judicial que no registra antecedentes en la historia democrática” del país, impulsada, a su juicio, por el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, para “tapar el desastre económico y social” del país.
“Se me han formulado una serie de falsas denuncias por supuestos graves delitos que los medios de comunicación hegemónicos reproducen y amplifican en forma diaria”, reprochó el pasado 26 de enero, cuando denunció penalmente un plan de “espionaje político y persecución” contra ella después de que se filtrara en los medios un audio con una conversación telefónica entre ella y su ex jefe de Inteligencia, Óscar Parrilli.
Hasta ahora, la ex jefa de Estado se encuentra imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en dos: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión, y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública, en la que también está acusado Báez y diversos miembros del anterior Gobierno argentino.
Al mismo tiempo, otra de sus empresas, Hotesur, también dedicada al sector inmobiliario, es objeto de investigación -de la que en 2015 fue apartado Bonadio como juez de la causa- por presuntos retornos económicos a la ex familia presidencial por parte de empresarios como Báez, que provendrían de los fondos obtenidos ilícitamente a costa del erario.
