La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su exvicepresidente, Amado Boudou, quedaron hoy más cerca de enfrentar juicios orales y públicos en el marco de diferentes causas judiciales.
El fiscal Eduardo Taiano le solicitó este miércoles al juez Claudio Bonadio que envíe a juicio a la expresidenta en un caso en el que se le imputa del delito de “administración infiel con perjuicio al Estado”.
Se trata de la causa conocida como “dólar futuro” y que se refiere a la venta adelantada de divisas que fue autorizada por el Banco Central durante el último año de mandato de Fernández de Kirchner (2007-2015).
De acuerdo con el juez, la maniobra financiera generó pérdidas de 17 mil millones de dólares al Estado, de lo que responsabilizó a la expresidenta; al exministro de Economía, Axel Kicillof, y al expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, entre otros.
Esto permitió que diversas empresas y bancos que compraron dólares por anticipado a un precio menor a 10 pesos por unidad, pudieran cobrarlos a una cotización promedio de 15 pesos gracias a la devaluación que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, diferencia que debió pagar el Estado.
Con la petición de este miércoles, ya sólo resta que Bonadío fije la fecha del inicio del que será el primero de los juicios en contra de Fernández de Kirchner.
En la misma jornada, el juez Ariel Lijo rechazó las impugnaciones que había presentado el exvicepresidente Amado Boudou en un caso en el que se le imputan los delitos de “cohecho” y “negociaciones incompatibles con su función”.
Boudou está procesado desde 2014 porque se quedó con parte de la imprenta Ciccone Calcográfica, que estaba en proceso de quiebra, a través de sobornos.
Según Lijo, el exvicepresidente aprovechó su puesto previo como ministro de Economía para rescatar financieramente a la empresa y, posteriormente logró que obtuviera millonarios contratos con el Estado para imprimir papel moneda.
Al rechazar el pedido de nulidad que habían presentado Boudou y otros acusados, Lijo explicó que ya pasaron más de dos años y medio desde que fueron procesados, por lo que no es pertinente mantener la causa estancada.
