Una protesta contra el proyecto de privatización de la empresa de abastecimiento de agua de Río de Janeiro paralizó hoy el centro de esta ciudad brasileña, escenario en los últimos meses de varias manifestaciones contra las medidas de ajuste de la gobernación para superar su “calamidad” financiera.
Los manifestantes que rechazan la posible privatización de la Compañía Regional de Aguas y Alcantarillas (Cedae) se enfrentaron este jueves a la Policía en las calles aledañas a la sede de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, en donde el proyecto de privatización sería debatido.
Los enfrentamientos dejaron varios heridos, entre ellos policías, y algunos detenidos, acusados de vandalismo por la destrucción de ventanales de agencias bancarias y el incendio de mobiliario público.
Los violentos enfrentamientos se extendieron por varias calles y obligaron a las autoridades a bloquear el tránsito de vehículos por algunas de las principales vías del centro de la ciudad en momentos en que los empleados comenzaban a salir de sus lugares de trabajo.
Los incidentes también obligaron al tranvía eléctrico que circula por el centro de la ciudad a suspender sus operaciones y a numerosos comerciantes a cerrar sus puertas.
Los manifestantes, algunos encapuchados, atacaron con cocteles molotov y piedras los retenes montados por la Policía para restringir el acceso a la Asamblea Legislativa y fueron dispersados con gases lacrimógenos, balas de goma y gas pimienta.
Los incidentes comenzaron a principios de la tarde, cuando estaba prevista una primera sesión de los legisladores regionales, y se repitieron varias veces debido a que los manifestantes insistían en agruparse para intentar acercarse a la edificación.
La Policía llegó a utilizar un blindado para dispersar a los manifestantes.
En el interior de la sede legislativa algunos de los diputados regionales tuvieron que utilizar máscaras antigases para poder respirar sin dificultades.
La privatización de la Cedae forma parte de las medidas de ajuste anunciadas por la gobernación de Río de Janeiro para hacer frente a la grave crisis económica que la obligó a declarar el estado de “calamidad financiera” en julio del año pasado.
Desde entonces grupos de funcionarios públicos protagonizan protestas cada vez que el pleno de la Asamblea Legislativa se reúne para discutir las medidas de ajuste.
Ante la presión de los manifestantes, los legisladores han rechazado hasta ahora cerca de la tercera parte de las medidas propuestas por la gobernación de Río de Janeiro para reducir sus gastos y hacer frente a un déficit histórico.
