Sólo un día después de la jornada dedicada a un día sin inmigrantes en distintas ciudades de EU, la agencia noticiosa Ap dio a conocer un memorándum de 11 páginas en el que la administración Trump considera el despliegue de hasta 100 mil efectivos de la Guardia Nacional para frenar o dar caza a inmigrantes indocumentados que intentan cruzar desde México.
Esta información, que supondría un despliegue sin precedentes de efectivos militares en la frontera sur, ha sido inmediatamente desmentida por la Casa Blanca.
«Esto es 100% falso. Este no es un documento de la Casa Blanca», aseguró su portavoz Sean Spicer.
«Me hubiera gustado que AP consultara con nosotros antes de hacerlo público en su cuenta de twitter», añadió Spicer al atacar a la agencia informativa que se defendió asegurando que sus periodistas intentaron en varias ocasiones contrastar esta versión con la Casa Blanca pero sin éxito alguno.
A pesar del categórico desmentido de Spicer, la sola existencia del borrador de 11 páginas que obtuvo la agencia Ap ha provocado la inquietud de la comunidad inmigrante que hoy vive bajo el asedio de la policía y agentes de inmigración y aduanas (ICE).
Sobre todo porque la frontera entre la mentira y la verdad, tratándose de la administración de Donald Trump, se ha difuminado casi totalmente.
Apenas ayer, un grupo de 120 inmigrantes de origen mexicano fueron expulsados desde Texas.
Según el borrador obtenido por Ap, el despliegue de la Guardia Nacional supondría una militarización sin precedentes de la frontera con México y se extendería hacia el norte hacia los límites de estados o ciudades como Portland, en Oregon y Nueva Orleans, en Luisiana.
Los estados incluidos en esta propuesta para el despliegue de los efectivos de la Guardia Nacional son California, Arizona, Nuevo México y Texas. A estos cuatro estados se sumarían otros siete (Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Louisiana) que podrían participar con la aportación de tropas.
Aunque el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México es un recurso habitual del gobierno federal y algunos estados para reforzar el papel de la patrulla fronteriza, el número de efectivos siempre ha sido más bien conservador.
En julio de 2014, el entonces gobernador de Texas, Rick Perry, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para contener la marea de niños indocumentados que se abarrotaron en los puestos fronterizos de ese estado.
Su decisión fue duramente criticada por organizaciones humanitarias y por una coalición de alcaldes de las ciudades fronterizas de McAllen, Edinburg y Brownsville por considerar que los menores de edad que huían de la violencia en Centroamérica no necesitaban de soldados de la Guardia Nacional que les cerraran el paso, sino de un tratamiento humanitario en su calidad de refugiados.
