Por unanimidad, las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron el dictamen de reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del Acuerdo Secretarial 286 que deriva de la iniciativa preferente enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto y que permitirá agilizar y flexibilizar la revalidación de estudios hechos en el exterior.
De esta manera, en la propuesta aprobada en lo general y que este martes será votada por el Pleno del Senado, se garantiza que todas las personas que habitan en el país tendrán las mismas oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional (SEN).
Se eleva a rango de ley la facultad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de establecer normas de control escolar que facilite en el caso de la educación básica, la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios de las y los educandos. Las autoridades educativas locales tendrán la obligación de vigilar que el personal directivo de las escuelas cumplan con dichas normas.
Como una novedad se faculta a la SEP a emitir un Marco Nacional de Cualificaciones dirigido a facilitar la movilidad de estudiantes en el Sistema Educativo, a promover el aprendizaje permanente y a ayudar a la mejora de la calidad, accesibilidad y vinculación de los diferentes tipos y niveles educativos. Esta nueva figura abre la puerta a una de las mejores prácticas internacionales en materia de movilidad académica.
También la Secretaría de Educación podrá autorizar a las instituciones particulares con reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), así como a las públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de los estudios de educación media superior y superior, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría. Dichas autorizaciones no tendrán carácter de definitivo, y las autoridades educativas podrán revocarlas en caso de que se incumplan los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal.
Se establece la obligación de las autoridades educativas de publicar en sus portales electrónicos, la lista de las instituciones a las que hayan autorizado a otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios.
Se faculta a las autoridades educativas a implementar acciones dirigidas a atender de manera preferente a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, de identidad cultural, de origen étnico o nacional, situación migratoria, entre otras.
En el dictamen se obliga a las autoridades educativas federal y locales a garantizar el acceso a la educación obligatoria de las personas que no cuenten con documentos académicos o de identidad. En el caso de la educación superior, dichas autoridades deberán promover acciones similares.
Se establece que las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias, deberán promover la simplificación de dichos procedimientos atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad, además se promueve la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del Sistema Educativo Nacional.
En el documento aprobado se incorporaron cuatro artículos transitorios a través de los cuales se establece que el Marco Nacional de Cualificaciones deberá ser emitido por la SEP en un plazo no mayor a un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto.
Se mandata a la SEP a emitir o actualizar en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, las normas y criterios que regularán los procesos de revalidación y equivalencia de estudios.
Se incorpora la posibilidad de que las universidades autónomas puedan celebrar convenios con la autoridad educativa federal para que la información relacionada con sus trámites de revalidación y equiparación sea incorporada al sistema de información y gestión educativa, lo que por primera vez dará cuenta del panorama total de estos procesos.
Y se abre el camino para que las autoridades educativas en coordinación con otras instituciones, puedan implementar planes de emergencia y acciones afirmativas dirigidas a garantizar la educación de las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, entre otras.
De acuerdo con los presidentes de las Comisiones de Educación, el panista, Juan Carlos Romero Hicks y de Estudios Legislativos, la priista, Graciela Ortiz González, el proyecto de dictamen aprobado este lunes va dirigido a toda la población y no sólo a los migrantes.
