Uno de los hechos más importantes de la presente administración estatal, es sin lugar a dudas el de la reestructuración de la deuda pública que tiene el Gobierno del Estado de Veracruz. Pues desde que se planteó ésta por parte del Ejecutivo del Estado a la LXIV Legislatura local, inició en el seno de este organismo una serie de actitudes entre los integrantes de los diferentes grupos legislativos, así como en el interior de algunos de ellos, de inconformidad hacia la propuesta.
En un principio se suponía que las inconformidades hacia la petición presentada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se debían únicamente a las diferentes posiciones e intereses políticos y partidistas, pero con el paso del tiempo y las declaraciones sobre el asunto, así como la información que comenzó a fluir hacia el exterior del Congreso de Veracruz, sobre el tema, la realidad se conoció.
La oposición a dar luz verde a la citada reestructuración, no solamente obedecía a situaciones políticas, sino principalmente a acciones de tipo de transparencia en la distribución de los recursos de las que carecía el documento que desde el Palacio de Gobierno de esta capital se mandó al Palacio Legislativo del Estado de Veracruz.
Así tenemos que desde hace aproximadamente dos meses el tema ha estado en la Cámara de Diputados de esta entidad y en las ocasiones que la coalición panista-perredista de la actual Legislatura veracruzana ha intentado aprueben la reestructuración, este intento ha fracasado, y no solamente por las posiciones y poder político que cada fracción ha tratado de demostrar, sino principalmente por esa falta de acciones de transparencia en la documentación enviada por el titular del Gobierno del Estado.
En lo que todos los sectores de la sociedad veracruzana coinciden, es que si al gobierno le va mal, a los veracruzanos también. Por lo que las declaraciones de los diferentes presidentes de las Cámaras empresariales, así como algunos alcaldes y colegios de profesionales del Estado y también intelectuales que han sido entrevistados al respecto, en el sentido de las consecuencias de tipo económico puede acarrear la negativa a la reestructuración en los diferentes niveles sociales, es que ésta debe de aprobarse.
Situación que ya entendió el Ejecutivo del Estado, a quien por cierto al ya no haberle tocado un Congreso con mayoría a su favor, lo cual es totalmente positivo para toda la población, y darse cuenta que o cambiaba o aumentaba algunas acciones en la petición de reestructuración en favor de la transparencia en el manejo de los recursos, ésta no sería aprobada, en la que mandó el pasado miércoles ya lo hizo.
Así tenemos que en la iniciativa que presentó, que contiene los mismos términos que la anterior, se le agregó el siguiente articulo transitorio: “TERCERO.- La Secretaría de Finanzas y Planeación deberá publicar, en su portal de transparencia fiscal, la información generada con motivo de las operaciones de contratación, reestructura o refinanciamiento que se deriven del presente Decreto, en cumplimiento de lo establecido en la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.
Legislación por medio de la que, cualquier ciudadano podrá tener acceso a conocer los resultados de las transacciones que se lleven a cabo con relación a la reestructuración o refinanciamiento de la actual deuda pública del gobierno veracruzano. Por lo que todo parece indicar que para la próxima vez que esta iniciativa ponga a la consideración de los legisladores integrantes de la LXIV Legislatura local, ahora sí puede ser que se apruebe. Pero una cosa si debe quedar clara, que la no autorización por el momento a la reestructuración por parte de los partidos y grupos legislativos opositores a la coalición panista-perredista, no era por estar en contra de los veracruzanos y de Veracruz, como lo manifestó el novel legislador. Hasta el lunes. noti-sigloxxi@nullhotmail.com (Fech. Púb. Vier. 17-marzo-17)
