El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió asumir las competencias del Congreso en un controvertido fallo que según la oposición busca darle plenos poderes al presidente Nicolás Maduro.
La sorpresiva sentencia de la Corte, señalada de estar controlada por el gobierno, agudizó el conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis en el país sudamericano.
En el fallo -que fue difundido la noche del miércoles- el Tribunal resolvió que «mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga».
En enero de 2016 y tras una aplastante victoria la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años.
Desde entonces el Tribunal Supremo ha emitido casi medio centenar de sentencias contra las leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo y lo ha declarado en desacato.
Ya no se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional sino de usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra Venezuela», dijo el diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, coincidió con Guevara y denunció que «en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado».
El Tribunal declaró en desacato a la Asamblea por negarse a cumplir una sentencia que había bloqueado la juramentación de tres diputados opositores del estado de Amazonas por la supuesta compra de votos.
Aunque posteriormente el Legislativo revirtió dicha juramentación, el máximo tribunal mantuvo la medida invocando una serie de tecnicismos y dejó en un limbo legal la situación de los legisladores electos de Amazonas.
A comienzos de esta semana el Tribunal Supremo también abrió el camino para poner límites a la inmunidad de los legisladores tras declarar nulo por inconstitucional el respaldo de la Asamblea Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana.
En esa sentencia la Sala Constitucional ordenó a Maduro ejercer las medidas necesarias para evitar un «Estado de conmoción» y «revisar las diversas leyes» ante el desacato del Congreso.
El fallo se conoció luego de que los países miembros de la OEA se reunieron en Washington para debatir sobre la situación política en Venezuela.
