La Cámara de Diputados aprobó reforma a la Ley de Inversión Extranjera para ampliar de 25 a 49 por ciento la participación de empresas de aviación foráneas en líneas mexicanas, que legaliza el porcentaje que ya tiene Delta en Aeroméxico, y avaló sanciones a las compañías por retrasos en vuelos, sobre venta de boletos y daños al equipaje.
Los diputados señalaron que las aerolíneas actúan en la impunidad contra los pasajeros y por ello incluyeron el pago de hasta 11 mil pesos por daños a las maletas, no realizar cargos por pérdida o cancelación de vuelos y obligarlas a que, por un retraso superior a cuatro horas, el pasajero decide no viajar, las compañías deberán rembolsarle el ciento por ciento del boleto y 25 por ciento adicional.
Movimiento Ciudadano explicó que, entre los cambios que propuso y fueron aprobados por el pleno están acabar con la publicidad engañosa; eliminar y castigar cualquier práctica discriminatoria; garantizar que los animales sean tratados como seres vivos y no como objetos; que los usuarios puedan viajar con 2 maletas de 25 o 15 kg gratuitamente; y la obligación de las empresas de informar las demoras, condiciones y derechos de los usuarios en todas las plataformas.
Durante el debate de las reformas a la Ley de Aviación y a la Ley de Protección al Consumidor, Jorge Álvarez Máynez (MC) sostuvo que si bien se aprueban sanciones a las aerolíneas, PRI y PAN “nos meten este caballo de Troya, un traje a la medida para las alianzas con las compañías estadunidenses”.
También, Concepción Villa González (Morena) sostuvo que sólo se trata de legalizar el hecho de que Delta Airlines ya posee 49 por ciento de las acciones de Aeroméxico.
Y la diputada Lluvia Flores Sonduk (PRD) recordó que en la historia de la aviación nacional, la privatización de Aeroméxico y Mexicana “sólo han beneficiado a apellidos como Aspe, Azcárraga, en un acto entreguista”.
El problema de la aviación mexicana, indicó, no es la falta de inversión, sino la política de desmantelamiento, el favorecimiento de intereses comerciales y la conversión del interés público en acciones compensatorias con cargo al erario.
