En México recientemente hemos conocido diversos casos de servidores públicos -de diferente filiación partidista- cuyos actos y acciones reprobables defraudaron la confianza ciudadana, causando además de un enorme daño patrimonial a las instituciones. Con su abuso del poder público generaron en los ciudadanos un sentimiento de desconfianza y reprobación general hacia la clase política.
La corrupción es una perniciosa práctica que genera pobreza y desigualdad social, siendo uno de los grandes males que hoy lastiman a México.
Es inaplazable combatir con eficiencia cualquier acto de corrupción, de falta de transparencia y deshonestidad; es imprescindible castigar con severidad a los servidores públicos, pero también a los particulares que participan en este tipo de actos.
Hay el clamor popular de poner un alto a los corruptos y castigar sus actos a través de una institución con autonomía técnica y operativa como está concebida la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
Ante esta complicada situación de complicidades, corruptelas y delitos, el Senado de la República, a iniciativa del Ejecutivo Federal, sentó las bases para el combate frontal y decidido a la corrupción, creando el Sistema Nacional Anticorrupción.
El nombramiento del Fiscal Anticorrupción es urgente para frenar la corrupción y el daño que ésta provoca a México, pero también para dar respuesta a una de las más fuertes demandas sociales.
Apenas la semana pasada el «Comité de Acompañamiento Ciudadano para la designación del Fiscal Anticorrupción¨ solicitó a la junta de Coordinación política del Senado el nombramiento inmediato del Fiscal, manifestando que no existe justificación técnica o jurídica para continuar aplazando su nombramiento y que su aplazamiento debilita al Sistema Nacional Anticorrupción.
Diversos senadores del PRI y del PRD, hemos exhortado a la junta de coordinación política del senado a que ponga ya a consideración del Pleno el dictamen con el que se votará y elegirá al referido Fiscal.
Creo que la pluralidad ideológica del Senado y en general de todos los congresos locales y el congreso de la unión, enriquece el andamiaje legislativo de la república. También entiendo que temas como este requieren de un mayor espacio para la reflexión y el debate, pero este nunca debe ser infinito. Recordemos que desde la reforma política del 2014 hemos venido postergando la designación del fiscal anticorrupción.
Comparto con un grupo importante de senadores y con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil integrantes del comité de acompañamiento para la designación del fiscal anticorrupción, que no debemos postergar indefinidamente este nombramiento. Que si existe la necesidad que hacer un mayor número de reformas a las leyes que apuntalan al Sistema Nacional Anticorrupción, que estas se lleven a cabo sin necesidad de supeditar este nombramiento a dichas reformas. Sin duda que toda ley es perfectible y las que soportan al SNA no son la excepción pero como reza el sabio adagio: ¨Lo perfecto es enemigo de lo bueno¨. Por eso, yo prefiero lo bueno que existe a lo perfecto que pueda darse en el futuro. No olvidemos que el fiscal por designarse durará en su encargo hasta el último día de noviembre del 2018.
No tengo duda alguna de que cualquiera de los 23 candidatos que obtuvieron el dictamen de idoneidad por haber cumplido con los requisitos de ley para ocupar la titularidad de esta fiscalía, está calificado para cumplir una muy buena gestión de esta urgente demanda ciudadana.
Personalmente estoy convencido de que, antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, podemos y debemos designar a quien será el primer fiscal anticorrupción en la historia de la república.
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