Firme, serena y contundente, la ex Fiscal general de EU, Sally Yates, probó hoy que es un testigo clave en la investigación sobre los supuestos nexos entre Rusia y el Gobierno de Donald Trump, a pesar de la división que su figura provoca entre conservadores y progresistas.
Yates aguantó hoy decenas de preguntas de senadores demócratas y republicanos sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de EU, un caso conocido como “Rusia Gate” en alusión al escándalo que acabó en 1974 con la Presidencia de Richard Nixon.
Encabezó el Departamento de Justicia de manera interina durante solo diez días, pero Yates tuvo tiempo de jugar uno de los papeles principales en el caso al avisar a la Casa Blanca sobre los verdaderos contactos que el ex asesor presidencial de Seguridad Nacional Michael Flynn había tenido con el Embajador ruso, Sergey Kislyak.
Flynn y el Embajador ruso conversaron varias veces por teléfono el 29 de diciembre, antes de que Trump tomara posesión y el mismo día en el que el entonces Presidente, Barack Obama, impuso sanciones a funcionarios rusos por su supuesta injerencia en las elecciones presidenciales de noviembre pasado en EU.
Según Yates, Flynn mintió al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, al asegurarle que no habían tratado el tema de las sanciones.
Trump acabó pidiendo a Flynn su dimisión el 13 de febrero, pero dos semanas antes, el 26 de enero, Yates ya había alertado a la Casa Blanca del verdadero contenido de las conversaciones y advirtió de que las mentiras de Flynn le hacían vulnerable a un posible “chantaje” del Kremlin.
Varios senadores demócratas elogiaron hoy la valentía de Yates por cumplir su deber y acudir ante la Casa Blanca para denunciar la conducta de Flynn, pero algunos republicanos prefirieron centrar la audiencia en la insubordinación de Yates, que se negó a cumplir con las órdenes de Trump.
Fue obligada a dimitir el 30 de enero por ordenar a los abogados del Gobierno que no defendieran en las cortes el veto de Trump para prohibir la entrada a EU de refugiados y nacionales de siete países musulmanes, una medida que fue bloqueada por los tribunales y luego sustituida por otra orden, también bloqueada.
Su acción le valió la expulsión de su puesto y una dura acusación de traición por parte del Gobierno de Trump.
“Yates ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”, declaró entonces la Casa Blanca.
Mientras el Gobierno de Trump reprimía públicamente a Yates, el Comité Nacional Demócrata (DNC) forjaba la imagen de heroína al señalar su patriotismo y criticar la “tirana” Presidencia Trump y sus intentos por “silenciar” a la Fiscal.
Con su expulsión, Yates puso fin a 27 años de servicio público que comenzaron en 1989 como “número dos” de la Fiscalía del distrito norte de Georgia y que la llevaron a dirigir la acusación contra Eric Rudolph, el autor del atentado que mató a una persona e hirió a 111 en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.
Persiguió con éxito varios casos de corrupción, Obama se fijó en ella y la nombró Fiscal general del distrito norte del estado de Georgia, un puesto que nunca antes había ocupado una mujer.
El ex Fiscal general Eric Holder (2009-2015) incluyó a Yates en su círculo de asesores más cercanos y Obama nominó a Yates como “número dos” del Departamento de Justicia, una posición para la que logró el apoyo casi unánime del Senado y que desempeñó entre enero de 2015 y enero de 2017.
Votó en contra de su confirmación el actual fiscal general, Jeff Sessions, quien cuando era senador cuestionó el valor e independencia de Yates para cumplir con su deber constitucional y desobedecer al ex Presidente Obama si este le pedía ejecutar acciones ilegales.
“En mi audiencia de confirmación, los senadores me preguntaron si podría rebelarme frente a un Presidente si sentía que una acción iba contra la ley y dije que sí, he cumplido con mi palabra”, recordó hoy Yates al ser increpada por senadores republicanos, como Ted Cruz y John Cornyn.
Durante sus dos años como “número dos” del Departamento de Justicia, Yates se convirtió en la mejor aliada de Obama para cambiar el sistema penal de EE.UU., acabar con un encarcelamiento masivo que cuesta millones de dólares a las arcas del Estado y que castiga de manera desproporcionada a las minorías.
Con el respaldo de la Fiscal general Loretta Lynch (2015-2017), Yates se encargó de supervisar una iniciativa de la Casa Blanca que sirvió para conmutar las penas de miles de presos condenados por delitos no violentos y relacionados con drogas.
Nacida en Atlanta (Georgia), casada y con dos hijos, Yates no ha dado ninguna pista durante estos meses sobre cuál será su futuro, aunque su pasado ya está marcado por la agridulce condición de heroína y traidora.
