El inesperado y asombroso despido del director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) James Comey este martes, dispuesto por el presidente Donald Trump, detonó una tormenta política que ha generado comparaciones con el escándalo Watergate y advertencias de que está en riesgo el orden constitucional del país.
Hay sólo un precedente en la historia en que un presidente despidió a un oficial que encabezaba una investigación contra la Casa Blanca: Richard Nixon ordenó el cese de Archibald Cox, el fiscal especial que estaba a cargo del caso conocido como Watergate, en octubre de 1973, orden que el procurador general y el subprocurador general de ese tiempo rehusaron acatar y renunciaron, marcando la etapa final de esa presidencia.
La FBI investiga la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, incluyendo si socios de la campaña de Trump de alguna manera estaban trabajando en coordinación con el gobierno de Vladimir Putin.
Es apenas la segunda vez en que un presidente cesa a un jefe de la FBI (Bill Clinton fue el primero, cuando expulsó del cargo a William Sessions por violaciones éticas) en los 109 años de su existencia. Los directores de la FBI son nombrados para periodos de 10 años justo para mantener un grado de independencia del juego político.
La justificación oficial del cese inmediato de director de la FBI, redactada por el subprocurador general, Rod Rosenstein, que se centra en la acusación de que habían cometido serios errores en la forma en que realizó la investigación el año pasado sobre el manejo de los correos electrónicos de Hillary Clinton cuando fue secretaria de Estado, no convenció casi a nadie; ni a los demócratas, que acusan que eso les costó la elección, ni a otros que recuerdan que Trump elogió a Comey por ese trabajo. Al contrario, sólo alimentó las sospechas de que la decisión de despedir a Comey tiene relación con su investigación sobre los vínculos de Trump y su equipo con el gobierno ruso.
Por tanto, durante todo el día de ayer los ecos del Watergate, sobre todo el aspecto de un encubrimiento, han dominado el ámbito político.
Sólo 24 horas antes del dramático despido, la ex procuradora general en funciones Sally Yates confirmó ante un comité del Senado (uno de tres comités legislativos que investigan la interferencia rusa en las elecciones) que ella había informado al abogado de la Casa Blanca que el entonces asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn estaba mintiendo sobre sus conversaciones con diplomáticos rusos y que, por tanto, era vulnerable a un posible chantaje de los rusos. El ex director de Inteligencia Nacional James Clapper, en la misma audiencia, había confirmado que la inteligencia británica compartió información sobre interacciones entre agentes rusos y asesores de Trump el año pasado, la cual era verídica y contenía datos «muy sensibles».
Por cierto, justo unos días antes, Comey había solicitado más recursos para esta investigación, reportó este miércoles el New York Times. Pero Trump ya había solicitado a Sessions desde hace una semana que buscara «alguna manera» de deshacerse de él, refirió el sitio de noticias Politico.
Para que todo fuera aún más raro, en un día en que se intensificaba la especulación sobre si Trump buscaba frenar la investigación sobre el papel de los rusos en su elección, el presidente recibió este miércoles en la Casa Blanca al canciller ruso, Serguei Lavrov, y al embajador Serguei Kislyak, cuyos contactos con el procurador general Jeff Sessions, Flynn y otros funcionarios cercanos a Trump, son parte de la investigación.
Pero hay más: este miércoles Trump también se reunió con Henry Kissinger, quien, entre otras cosas, fue secretario de Estado y estratega de Nixon. Fue ahí –durante una sesión de fotos– que Trump respondió a una pregunta sobre por qué echó a Comey: «porque no estaba haciendo un buen trabajo», aseveró.
Ahora los demócratas, analistas, políticos de ambos partidos y las juntas editoriales exigen que se nombre un fiscal especial independiente para encabezar la investigación sobre los vínculos de asociados de Trump con los rusos.
Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, declaró que la única manera de superar la sospecha de que el despido de Comey no fue «un encubrimiento» es con el nombramiento de un fiscal independiente. Eso fue compartido por casi todos los demócratas, pero fue rechazado de inmediato por Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana, y poco después por el mismo Trump.
Elizabeth Warren, influyente senadora demócrata, afirmó que «no hay duda» de que Trump hizo esto para frenar la investigación. “Nunca desde Watergate han estado tan amenazados nuestros sistemas legales y tan sacudida la fe en la independencia e integridad de esos sistemas”, declaró el senador demócrata Richard Blumenthal.
El liderazgo republicano, por ahora, expresó su apoyo al presidente, y criticó el trabajo de Comey, pero por lo menos tres congresistas se sumaron al llamado de nombrar un fiscal independiente, mientras otros, como el jefe del comité de Inteligencia, Richard Burr, comentó: «no le veo sentido al razonamiento» para la decisión de Trump. Otros republicanos buscaron caminar sobre una cuerda cada vez más floja, tratando de expresar su extrañeza por el despido, pero sin criticar al presidente.
Juntas editoriales y comentaristas influyentes, incluidos conservadores, se sumaron al gran debate, al subrayar que la decisión de despedir a Comey sólo alimenta la incertidumbre y las sospechas, y mina la credibilidad en las instituciones democráticas.
El despido de Comey siembra una «grave duda sobre la viabilidad de cualquier investigación sobre lo que puede ser uno de los escándalos políticos más grandes en la historia del país», opinó el New York Times. Afirmó que Comey «fue despedido porque encabezaba una investigación activa que podría tumbar a un presidente», y señaló que el paralelo más cercano es Watergate, aunque concluye que «el país ha alcanzado un momento de mayor peligro» que el de entonces.
«El despido ha minado la credibilidad de una investigación vital de seguridad nacional», comentó el Washington Post.
Analistas advierten sobre una «crisis constitucional»
No pocos columnistas declararon que, con esto, Trump ha confirmado su desdén hacia el proceso democrático y comprueba que es como lo dijo Dana Milbank del Washington Post, «un tirano de segunda».
“Es un abuso grotesco del poder… este es el tipo de cosas que suceden en las no-democracias”, dijo el abogado y comentarista legal de CNN, Jeffrey Toobin. Según John Cassidy, de The New Yorker, esto fue «un ataque premeditado y aterrador contra el sistema estadunidense de gobierno», algo que podría llegar a una «crisis constitucional».
Max Boot, del Consejo de Relaciones Exteriores, resumió lo ocurrido en un tuit: «primer presidente jamás investigado por la FBI por colusión con un poder extranjero hostil. Primer presidente en despedir al director de la FBI encargado de la indagatoria». El legendario periodista Bill Moyers advirtió que la situación se acerca a un «intento de golpe» del presidente.
Hasta Edward Snowden tuiteó este miércoles que aunque Comey deseaba encarcelarlo se oponía a su despido, y agregó que todo estadunidense debía «condenar tal interferencia política» en el trabajo de la FBI.
John Dean, abogado de la Casa Blanca en el gobierno de Nixon, comentó que el despido de Comey fue «una maniobra muy nixoniana»; por otro lado, consideró que “cada movida apunta hacia el ‘encubrimiento’”.
