Los diputados de los grupos legislativos del PAN, MORENA, PRI, PRD y Juntos por Veracruz presentaron la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz a fin de crear el Sistema Estatal Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Durante la tercera sesión ordinaria, del segundo periodo de la LXIV Legislatura, fue presentada esta propuesta que prevé el Sistema Estatal Anticorrupción, como mecanismo integrado a las obligaciones correlativas y acciones de coordinación con los demás órdenes de gobierno, para prevenir, identificar y sancionar las conductas desplegadas por los servidores públicos que actualicen hipótesis de responsabilidad administrativa o cometan hechos de corrupción sancionados por la ley.
Para lo anterior se crearía la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, figura ubicada en la estructura de la Fiscalía General del Estado (FGE), dotada de autonomía de acción y decisión para efectuar sus investigaciones sobre los actos de comisión u omisión que produzcan conductas punibles; al tiempo de permitir figuras de control social mediante la instauración de un comité coordinador y un comité ciudadano.
El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción será nombrado por las dos terceras partes de los diputados presentes, previa convocatoria pública que éste emita para tal efecto. Durará en su encargo cinco años, sin perjuicio de que pueda ser removido libremente por el Fiscal General del Estado, siempre y cuando se actualice alguna de las causales que se establezcan en la ley para tal efecto.
Incorpora las previsiones constitucionales y legales para actualizar la función de fiscalización superior, control y vigilancia sobre el manejo y comprobación de los recursos públicos, en estrecha vinculación con las normas constitucionales relacionadas con la disciplina financiera de entidades federativas y municipios.
Se instituiría el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, sustitutivo de las funciones del vigente Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionándole las atribuciones suficientes para resolver sobre las imputaciones procesales de responsabilidad administrativa, y por las faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos y por particulares involucrados en esas conductas.
Los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, continuarán como magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, exclusivamente por el tiempo que fueron nombrados.
La reforma prevé que los entes fiscalizables deberán presentar las Cuentas Públicas del año anterior al Congreso del Estado, a más tardar el día 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación hasta por 30 días naturales, mediante solicitud del Gobernador y con autorización del Congreso, pudiendo en su caso, comparecer el Secretario de Despacho correspondiente.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, deberá rendir un informe específico al Congreso y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Veracruz, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el Estado, o a las autoridades que resulten competentes.
De acuerdo al proyecto de reforma, el ORFIS deberá entregar al Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, a más tardar el primer día del mes de octubre del año de la presentación de las Cuentas Públicas correspondientes, el Informe del Resultado, el cual contendrá las conclusiones técnicas de la fiscalización y se someterá a la consideración del Pleno, para su aprobación.
El Sistema Estatal Anticorrupción contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los siguientes titulares: del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría General, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, un miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como, un representante del Comité de Participación Ciudadana.
Cabe destacar que la LXIII Legislatura aprobó decretos de modificaciones a la Constitución Política del Estado en materia anticorrupción; sin embargo, la Procuraduría General de la República promovió la Acción de Inconstitucionalidad estimando anticipada y, por tanto, extemporánea la aprobación de las modificaciones locales, acción que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró procedente y declaró inválidos dichos decretos al estimar que se emitieron antes de que iniciaran su vigencia las leyes generales en materia de anticorrupción.
A nombre del PAN, la diputada María Elisa Manterola Sainz indicó que la corrupción merma la credibilidad de las instituciones públicas y debilita la democracia. Añadió que el Sistema Estatal Anticorrupción es el inicio de un andamiaje jurídico para dar a los veracruzanos las herramientas que permitan sancionar las faltas administrativas graves y los actos de corrupción.
De MORENA, la diputada María del Rocío Pérez Pérez subrayó que en su grupo legislativo están convencidos que el problema del país es la corrupción, por lo que una de las directrices es la erradicación de ésta, “no aminorarla o reducirla, se trata de acabarla”. Previo a esto refirió sobre el proceso nacional en el que se dio la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por el PRI, el legislador Armando López Contreras destacó la creación de una Fiscalía Especializada en Materia Anticorrupción y los mecanismos para fiscalizar los recursos públicos. Agregó que son avances, aunque debe aplicarse la ley, porque de lo contrario no servirá.
Del PRD, el diputado José Kirsch Sánchez manifestó hacer lo correcto traerá como consecuencia un mejor Estado y un mejor país. Por lo que destacó que el Sistema Anticorrupción vendrá a reforzar las tareas para sancionar a quien cometa una falta grave.
El diputado Rodrigo García Escalante, del grupo Juntos por Veracruz, refirió que la labor de construcción del Sistema Estatal Anticorrupción es un proceso largo, pero confió en que se logrará. “Se busca crear un mecanismo para que los ciudadanos tengan las herramientas que permitan combatir frontalmente los actos de corrupción”.
Para su estudio y dictamen, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
Congreso evaluaría y aprobaría avances del Plan Estatal de Desarrollo
En la sesión, el coordinador del grupo legislativo Juntos por Veracruz, diputado Fernando Kuri Kuri presentó una iniciativa de reforma a la fracción XXXIX Bis del artículo 33 de la Constitución Política del Estado para establecer que el Congreso del Estado no solo aprobaría el Plan Veracruzano de Desarrollo, sino también la evaluación que haga anualmente el titular del Poder Ejecutivo del avance a este eje rector.
Esta iniciativa –dijo el legislador- busca que la evaluación a que está obligado hacer el titular del Poder Ejecutivo del avance del Plan Veracruzano de Desarrollo, también sea aprobada por el Congreso del Estado.
“De esta forma aseguraremos que se cumple en sus objetivos, estrategias y acciones, a partir de los resultados de impacto de la política pública sobre la población”, subrayó.
