El próximo 31 de mayo se llevará a cabo una reunión de alto nivel con la participación del mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, funcionarios de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República (PGR), y los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Así lo informó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas, quien denunció que la falta de resultados en las investigaciones sobre lo ocurrido contra los estudiantes de Ayotzinapa forma parte del «continuo de impunidad» que se vive en México desde hace décadas, para dejar sin castigo múltiples casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otros las violaciones graves a los derechos humanos.
El litigante habló durante la marcha que realizaron los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desde el antimonumento + 43 hasta las instalaciones de la PGR, para conmemorar los 32 meses del ataque contra los estudiantes desaparecidos y exigir que el gobierno dé con su paradero y castigue a los responsables del crimen.
Acompañados por organizaciones solidarias con su lucha, los familiares de los normalistas atacados el 26 y 27 de septiembre de 2014 denunciaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha mostrado falta de capacidad y sobre todo de voluntad política para encontrar a los jóvenes desaparecidos.
Al término de la marcha, realizaron un mitin frente a la PGR, donde reiteraron que no van a detener su lucha hasta encontrar a sus seres queridos.
«No es posible que a 32 meses no nos puedan decir la verdad, pero queremos decirle al gobierno que aquí estamos y que no vamos a parar de exigir la presentación con vida de nuestros hijos», subrayó Cristina Bautista Salvador, madre de unos de los normalistas.
Por su parte, Felipe de la Cruz, uno de los voceros del movimiento, enfatizó que seguirán exigiéndole al gobierno que agote cuatro de las líneas de investigación sugeridas por el GIEI, entre ellas la supuesta participación de militares en la agresión contra sus hijos y el estudio de los teléfonos celulares tanto de los normalistas cómo de sus agresores.
De igual forma, exigió que se investigue la hipótesis del uso de autobuses de pasajeros para traficar drogas de Iguala a Chicago, y el involucramiento de policías federales y municipales de Huitzuco en la desaparición de 25 de los 43 estudiantes.
Asimismo, demandó que para la reunión programada con funcionarios, exista disposición de su parte para avanzar realmente en las indagatorias.
