En los estudios sobre percepciones ciudadanas acerca de las instituciones y prácticas políticas en México que se levantan desde hace ya varios años invariablemente salen muy mal calificados los partidos políticos, los legisladores y los funcionarios públicos en general.

Incluso los ciudadanos, sin llegar a descalificar el ejercicio electoral por el que periódicamente renovamos órganos de gobierno y poderes públicos, sí descreen de la transparencia, equidad y limpieza de los comicios.

Estamos, pues, ante una cuestión de confianza. Existe o no confianza en nuestra democracia o la baja en los índices de aceptación va dirigida a los partidos políticos y la clase política en general, es la pregunta que debemos hacernos.

O dicho de otro modo, ¿creemos en las reglas del juego de la democracia pero no en los jugadores?

Si no se ha perdido la confianza en lo primero estamos del otro lado, porque lo segundo tiene remedio y éste está en el voto, en premiar o castigar a quienes no cumplen lo que ofrecen o en dar la oportunidad a nuevos actores y fuerzas emergentes.

Pero si las reglas y el sistema de competencia se cuestionan porque la gente está convencida que al final se imponen ganadores y se legitima el desaseo electoral, entonces la puerta está abierta para la ruptura del orden social o la violencia. Todo sería cuestión de tiempo. Al agotarse la vía institucional el paso al enfrentamiento, la anarquía o las soluciones autoritarias está garantizado.

Lo cierto es que los mexicanos tienen poca confianza en la política. Esta percepción de la gente es explicable porque a pesar de los avances en la legislación electoral, en las diversas reformas que se han hecho, una vez que pasan las elecciones la gente no aprecia una mejoría palpable en su vida cotidiana, es decir, que pese a discursos y promesas, persisten la corrupción, la impunidad, la pobreza, la inseguridad, la desigualdad y las recurrentes crisis económicas. La ciudadanía sabe que fue engañada y esto, obviamente, erosiona la confianza en la democracia y en las principales instituciones.

Las dificultades económicas, con sus secuelas de pobreza y marginación, la persistencia de la violencia y el quiebre de expectativas de desarrollo y progreso individual o colectivo, la corrupción que todo lo abarca y a la que no se le ve fin, hacen aumentar ante la ciudadanía los cuestionamientos a que se somete a la democracia y llevan a muchas personas a preguntarse si vale la pena participar electoralmente.

Y es claro que el deslizamiento de la confianza en la democracia es el mejor caldo de cultivo para el autoritarismo. Una democracia no puede florecer sin ciudadanos. Por lo que la descalificación de la política en abstracto resulta la peor de las posturas. Si algo hace falta es justamente reforzar la democracia y hacerlo a partir de una mayor exigencia ciudadana hacia los políticos.

La confianza es una condición necesaria para lograr una participación política efectiva y poder así desarrollar instituciones democráticas. No olvidemos que nuestra transición a la democracia, con rezagos sí, pero también con avances, ha descansado en las virtudes del pluralismo político, en la reforma pactada de nuestro sistema electoral, y, sobre todo, en la participación de un gran cúmulo de voluntades con vocación democrática.

Pero también para los actores políticos debe quedar claro que la democracia no consiste solamente en ganar como sea, y al precio que sea, las elecciones siguientes, en defender sus intereses y librar exitosamente sus guerras por el poder (batallas puntualmente registradas por los medios, cronistas y amanuenses), situados en las antípodas del mundo de preocupaciones y agobios del ciudadano de a pie, sino que es necesario y urgente que ofrezcan respuestas puntuales a la gente.

La esperanza que un día depositamos en la democracia como un régimen que podía servir para organizarnos y desarrollar a la nación no podemos dejar que se extinga, ya que ello implica riesgos muy graves para nuestro futuro. Le abriríamos las puertas a la anarquía y al estallido social.

Ese es el punto central en el que los políticos deben enfocar sus baterías: convocar a la sociedad a participar y, a partir de darle resultados, renovar la confianza. Cada fuerza política y gobierno sabe lo que la gente espera y es responsabilidad de todos fortalecer el camino institucional.

Lo alentador es que los ciudadanos, con sus matices, en los años recientes se han venido involucrando cada vez más en los asuntos públicos, de acuerdo a sus respectivas preferencias o filiaciones políticas, lo que denota un ánimo de opinar, de participar, de exigir, de demandar y cambiar en buena medida el estado de cosas, lo cual habla mucho de la decisión colectiva de incidir en el rumbo de la nación, del estado o de su comunidad.

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