Las negociaciones del Consejo General de esta 47 Asamblea de la Organización de Estados Americanos se cerraron sin que se llegara a algún acuerdo para abordar la crisis interna de Venezuela. Además, las 10 propuestas de resolución que presentó el gobierno de Caracas ayer –entre ellos uno que pedía “solidaridad con la exigencia de verdad, justicia y reparación” en el caso Ayotzinapa– fueron desechadas “por unanimidad porque todos los delegados consideraron que no eran pertinentes”, informó el representante de México ante el organismo interamericano Luis Alfonso de Alba.
El lunes 19 el encuentro de cancilleres de la OEA inició con una iniciativa respaldada por Estados Unidos y México, entre otros, para forzar a Venezuela a que deje sin efecto la convocatoria de la Asamblea Constituyente, libere a lo que consideran presos políticos y fije un cronograma electoral. Un primer documento naufragó ante la imposibilidad de lograr más de 20 votos, ya que requería una mayoría calificada de 23. Ayer, durante la primera plenaria de la asamblea, se intentó consensar otra propuesta menos ambiciosa, la integración de un “grupo de contacto” para lograr distender la polarizada confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y los partidos de oposición de la Mesa de Unidad Democrática.
Esto tampoco fructificó. Sin embargo, el embajador De Alba aclaró que no se puede descartar que todavía hoy, durante la sesión vespertina y antes de la clausura de la asamblea, vuelva a surgir el tema de la crisis de Venezuela y se logre concretar alguna resolución.
Mientras tanto, la preocupación de varios de los Estados miembros sobre “los muertos en las calles de Venezuela” siguió acaparando largas intervenciones en estas dos sesiones de trabajo matutinas. Antes del arranque de la 47 asamblea, el secretario general de la OEA Luis Almagro había asegurado que se buscaría invocar la llamada Carta Democrática para aplicarla a lo que él considera una ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, donde, según ha expresado, gobierna “una dictadura”.
Venezuela, por su parte, anticipando la aplicación de una de las sanciones más extremas que contempla la Carta Democrática, que es la suspensión de un Estado miembro, se adelantó anunciando su retiro de la OEA. Sin embargo, esto no fue concretado en la práctica porque la delegación que encabeza la canciller Delcy Rodríguez ha continuado su participación en las reuniones.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile Heraldo Muñoz, interrogado sobre si los ministros que asisten a la asamblea general consideran relevante o no el tema de Ayotzinapa, descartado de tajo “por improcedente”, respondió: “Cualquier tema de derechos humanos es importante para la OEA. Pero hay otras consideraciones: la oportunidad, cuál es el texto, si hay consenso o no. No es cosa de simplemente presentar un proyecto de resolución”.
Ayer, durante la primera plenaria de la Asamblea, la canciller venezolana Delcy Rodríguez atajó decenas de críticas a su país presentando 10 nuevas propuestas, entre ellas una para que la 47 Asamblea exprese su solidaridad con la exigencia de justicia, verdad y reparación de las familias de los 43 de Ayotzinapa y una “condena de cualquier política estatal que propicie, por omisión, este tipo de hechos”.
A las cinco de la tarde se reanuda la plenaria y ahí la comisión general deberá informar sobre la aprobación de proyectos y resoluciones.
En su momento, el embajador De Alba participó en la comisión tripartita del gobierno mexicano (Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación y Procuraduría General de la República) que negoció el acuerdo de asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa. De ahí resultó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que realizó entre 2015 y 2016 una investigación paralela sobre los hechos de Iguala. Los dos informes del GIEI concluyeron que lo avanzado por la PGR, a pesar de ser llamada “la verdad histórica”, contenía graves inconsistencias y omisiones. En represalia, el gobierno de Enrique Peña Nieto se negó a extender el plazo de estadía del grupo en México, a pesar de tener facultades para ello.
