Las comisiones unidas de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados analizan una propuesta que plantea penas de hasta dos años de prisión y hasta 100 días de multa, así como suspensión de tres meses a un año a juicio del juzgador, a quienes prescriban medicamentos mediante receta electrónica de manera ilegal y sin datos del ordenamiento jurídico en la materia.
La modificación normativa a los artículos 17, 226 Bis, 226 Ter y 226 Quater, de la Ley General de Salud y el 230 del Código Penal Federal, impulsada por el diputado Juan Antonio Ixtláhuac pretende establecer que las recetas médicas sean expedidas de forma electrónica, a fin de combatir automedicación y falsificación de recetas.
Asimismo, se propone la creación del Comité de Vigilancia y Control del Sistema Informático para la Expedición de Recetas Electrónicas, a fin de obtener información que permita efectuar acciones en caso de enfermedades infecto-contagiosas que amenacen a la sociedad.
El legislador priista refirió que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), los medicamentos que se venden en el país representan un mercado anual de más de 960 millones de dólares.
Mencionó que este rubro no tiene un control efectivo y eficaz de las recetas médicas, pues cualquier persona con conocimientos en computación y una impresora puede emitir recetas y surtirlas en cualquier farmacia.
La problemática de la automedicación, afirmó, ha sido subestimada, lo que genera un alto índice de peligrosidad y un grave riesgo a la salud pública, ya que se traduce en la resistencia de los virus y bacterias a los antibióticos.
“El uso irresponsable e inapropiado de medicamentos sin receta, con el objeto de buscar alivio de una determinada enfermedad o síntoma, y sin previa prescripción de un profesional de la salud, ocasiona daños y peligros a la salud que, en muchos casos, son irreversibles y conducen a la muerte”, apuntó.
Ixtláhuac Orihuela explicó que con la creación de una plataforma electrónica se podrán monitorear padecimientos, medicamentos recetados y dar seguimiento a enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.
Asimismo, se erradicaría la falsificación de recetas, comercialización y consumo de psicotrópicos que no ha sido prescritos por un profesional de la salud.
