En 1954, en Estados Unidos se aprobó la Enmienda Johnson que prohibía a las iglesias hacer política, respaldar u oponerse a un candidato si se quería conservar la exención fiscal a la cual tienen derecho.
El pasado 4 de mayo, el presidente Trump derogó esta ley después de 63 años de aplicación. Ese día dijo a los líderes religiosos que “desde hoy ya pueden decir lo que quieran”. Esto abre el espacio para el activismo político de las iglesias. Trump se ligó en la campaña a las iglesias más conservadoras a quienes pidió su apoyo. Se lo dieron. Ahora les agradece al otorgarles esta concesión que desde hace años exigen estos grupos.
El presidente sostiene que “nadie debería censurar sermones o perseguir a pastores”. Con esta medida cumple una de sus promesas de campaña y se asegura la simpatía de los sectores religiosos más conservadores.
La Casa Blanca eligió para la firma del decreto el Día Nacional de la Oración. Trump dijo a sus seguidores lo que querían oír: “Por demasiado tiempo el gobierno federal ha usado al Estado como un arma contra la gente de fe. Esto ha terminado (…) La libertad de expresión no acaba en la escalera de una iglesia”.
Una buena parte de los políticos estadounidenses mencionan con frecuencia a Dios en sus discursos. No importa si son demócratas o republicanos. Trump y su vicepresidente, Mike Pence, han intensificado el lenguaje de tipo religioso y le han dado un tono más radical.
Es muy probable que Trump pierda esta iniciativa en los tribunales como ya ha sucedido con otras, pero por lo pronto ya cumplió a los grupos religiosos más conservadores. Si es derrotado el caso ya no será culpa de él y tendrá a quién responsabilizar.
Trump, ante la dificultad de eliminar la enmienda, que exige complicados trámites parlamentarios, tomó el camino corto y solicitó —está en el marco de sus posibilidades— que el órgano encargado de dar cumplimiento a esa ley haga caso omiso a cualquier violación de la misma por parte de las iglesias.
En Estados Unidos no hay una prohibición expresa para que las iglesias no se puedan meter en la política promoviendo o denostando candidatos. Hasta ahora, hacerlo, implicaba perder el privilegio de la extensión fiscal a la que tienen derecho.
Esta enmienda es una iniciativa del entonces senador texano Lyndon B. Johnson, quien como vicepresidente sustituyó al presidente John Kennedy cuando éste fue asesinado. Por el momento, mientras dure la propuesta de Trump, no está claro cuál va a ser el real impacto político del activismo de las iglesias desde el púlpito