Uno de los máximos asesores del papa Francisco, el cardenal George Pell, comparecerá en los tribunales australianos esta semana acusado de cometer delitos sexuales en el pasado, un amargo recuerdo para su localidad natal, donde se registró más de una decena de casos de abuso.
Pell, ministro de Economía del Vaticano, se convirtió el mes pasado en el funcionario de más alto rango de la Iglesia Católica acusado de delitos sexuales. Ha asegurado que combatirá los cargos -aún no especificados-, los que calificó de falsos y el resultado de una «implacable difamación».
La policía no ha revelado aún el detalle de las acusaciones, pero el inicio de la batalla de Pell en los tribunales -que se espera comience el miércoles en una corte de Melbourne- reactivó el turbulento pasado de Ballarat, una localidad de 100 mil personas que vivía de la minería de oro y donde el religioso se crio y ejerció su labor pastoral en los años 70 y 80.
Una investigación del gobierno estatal en 2013 puso al descubierto abusos infantiles y acusaciones de encubrimiento en la diócesis de Ballarat durante muchas generaciones, poniendo en marcha una Comisión Real más poderosa que escuchó el testimonio de cientos de personas, incluyendo acusaciones contra 17 sacerdotes solo en la citada localidad.
Al menos cinco sacerdotes de la diócesis fueron encarcelados por abusos. Los defensores de las víctimas ataron cientos de coloridos lazos en la verja exterior de la iglesia católica de San Patricio, la más importante del lugar.
Pell, de 76 años, testificó en ambas pesquisas, donde negó saber cómo manejaba la iglesia las acusaciones. Ninguna de las dos investigaciones recibió quejas contra Pell en particular y la policía del estado de Victoria, que presentó cargos en su contra el mes pasado, no ha aportado detalles sobre los mismos, aparte de decir que se trata de «delitos sexuales históricos».
Ahora que Pell comparecerá ante los tribunales, algunos supervivientes de los abusos quieren que el cardenal sea tratado como cualquier otro miembro de la Iglesia acusado de delitos sexuales.
No veo razón para que no tenga un juicio justo», comentó una víctima de los abusos, el agrónomo Philip Nagle. «Me gustaría ver que los demandantes tienen también un juicio justo», agregó.
