Con el fin de analizar cuáles son los avances y las fallas del nuevo Sistema Penal Acusatorio, este lunes dieron inicio las Mesas de Debate del “Sistema Penal Acusatorio: A un año de su operación a nivel nacional”.
Mientras los legisladores coinciden en que las fallas no están en la Ley, sino en la falta de capacitación de los operadores, los integrantes del Poder Judicial Federal, coinsidieron que existen fallas legales.
Juan José Olvera López, titular de la Unidad para la Consolidación del Sistema Acusatorio en el Poder Judicial de la Federación, defendió el nuevo sistema que dijo está funcionando plenamente en el ámbito de la Judicatura Federal, con infraestructura y capital humano.
Expuso que 153 jueces de distrito se hacen cargo de más de 35 mil asuntos que se han judicializado y otros 50 jueces que han sido seleccionados están preparados para entrar en operación.
Alberto Elías Beltrán, con la representación del titular de la PGR, Raúl Cervantes, indicó que uno los mayores desafíos de este sistema es el cambio cultural, pero no sólo de sus operadores como lo son jueces, policías, peritos, ministerios públicos o defensores, sino de toda la sociedad, para comprender que no todos los asuntos penales deben terminar con la prisión del inculpado.
“Los delitos que deben ser llevados hasta sus últimas consecuencias deben ser llevados hasta sus últimas consecuencias. Es por esto que es de vital importancia la correcta aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias”.
El también subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, destacó que se debe avanzar en la homologación en todo el país, porque la justicia no puede ser distinta donde uno nazca o donde uno viva. Agregó que el sistema otorga transparencia y certidumbre a los procesos.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, dijo que a un año de la implementación del Sistema, se percibe un rezago en las carpetas de investigación.
Recordó que con el nuevo sistema se abandonó el anterior que era inquisitorio y en el que una persona podía pasar años en prisión sin ver a un juez, así como agregó que las reformas legislativas por si solas no garantizan su éxito, sino su eficaz implementación por parte de las autoridades correspondientes.
Sin embargo, la senadora del PRD, lamentó que a pesar de las virtudes del nuevo sistema hay fallas y una ausencia de investigación en las procuradurías locales y federales, por lo que se requiere una reingeniería institucional, para pasar de las procuradurías a fiscalías, aunque en algunos estados sólo se ha dado un cambio simplemente de “membrete”.
De la Peña expuso que uno de los principales objetivos del sistema es la reinserción social, pero hay autoridades que con mensajes mediáticos están criticando este tema de la reinserción social.
Jorge Antonio Mirón Reyes, con la representación del presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Angel Mancera, rechazó que esa instancia tenga la intención de generar un retroceso en el ámbito de la implementación del nuevo sistema, sino fortalecerlo, darle herramientas jurídicas, que garanticen a imputado, indiciado y víctimas que se garanticen sus derechos.
El también subprocurador Jurídico, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos, recordó que la Conago ha presentado un proyecto de iniciativas que busca fortalecer el sistema y contribuir a su consolidación, el tema de las investigaciones, la armonización de leyes, incluir la extinción de dominio, todo para consolidar en el nuevo marco legal con los ajustes necesarios.
