Ante la elección de la nueva mesa directiva del Senado de la República, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, emitió un pronunciamiento de siete puntos en el que advierte que ya existen diversas solicitudes de sanción en contra de los senadores que votaron por Ernesto Cordero para presidir la Mesa Directiva del Senado.
De esa manera califica de “penosos”, los acontecimientos ocurridos el día de ayer que se inscriben en el marco del interés del Gobierno Federal “de imponer un Fiscal General a modo que les cuide las espaldas por los próximos 9 años”.
Reiteran que el PAN no está representado por los militantes del partido que fueron electos, a propuesta del PRI y contra la opinión mayoritaria del grupo parlamentario, como integrantes de la mesa directiva.
“Lamentamos profundamente que, al momento de elegir la mesa directiva, los senadores panistas Ernesto Cordero Arroyo, Javier Lozano Alarcón, Salvador Vega Casillas, Roberto Gil Zuarth y Jorge Luis Lavalle Maury hayan votado en un sentido distinto al que decidió mayoritariamente el grupo parlamentario y en el mismo sentido de lo que decidió el PRI”.
Se solidarizan también con las senadoras Adriana Dávila y Laura Rojas, quienes fueron electas por sus compañeros del grupo parlamentario como la propuesta del PAN para presidir la mesa directiva durante el último año de la Legislatura.
“El Comité Ejecutivo Nacional tiene conocimiento de diversas solicitudes de sanción en contra de los militantes del partido que, con su actuación, desconocieron las decisiones tomadas de forma mayoritaria por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, así como diversas normas estatutarias y reglamentarias. Serán los órganos directivos del partido los que determinarán las sanciones correspondientes”, advirtió.
Y censuraron la presunta intromisión del PRI en asuntos que corresponden al grupo parlamentario del PAN, como lo es la propuesta para presidir la mesa directiva del Senado y le manifestamos que bajo ninguna circunstancia será tolerado.
“Seguiremos insistiendo, por todos los medios a nuestro alcance, en la necesidad urgente de impedir que el PRI y el gobierno consuman su intención por imponer un Fiscal General a modo por los próximos nueve años a fin de garantizar la impunidad transexenal”.
