El grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de la diputada Luisa Ángela Soto Maldonado, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de la Ley que regula las Construcciones Públicas y Privadas cuya finalidad es lograr una regulación eficaz de los requisitos indispensables que deben cubrir los desarrolladores de espacios urbanos, tanto para la obtención de licencias de construcción, como antes de transferir la propiedad a quienes vayan a habitar dichos espacios.
En tribuna Soto Maldonado abundó que todo ser humano tiene derecho a la vivienda, siendo un ordenamiento jurídico, que debe hacerse efectivo y garantizar los espacios destinados a la habitación de las personas proveyendo de una calidad de vida digna.
Dentro de los requisitos que deberán acatar los constructores se encuentran, red de agua potable y tomas domiciliarias o por lote, red de drenaje sanitario y red de alcantarillado pluvial, sistema de tratamiento de aguas residuales aprobado por la autoridad competente en los casos que no sea factible la conexión a la red municipal.
Además de red de energía eléctrica, red de alumbrado público, guarniciones y banquetas, calles pavimentadas, jardinería mayor y menor en áreas verdes, aso como camellones y banquetas, señalamiento y nomenclatura y otros mobiliarios urbanos, que aseguren el correcto funcionamiento de los espacios urbanos.
No podrá llevarse a cabo ninguna traslación de dominio de los lotes en desarrollos habitacionales, si se carece parcial o totalmente de infraestructura básica, impidiéndose en todo caso, cuando la carencia sea la relativa a los servicios de agua potable, drenaje o electricidad.
Todo ello para frenar los reportes emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sobre pobreza que cataloga a Veracruz como una de las entidades con un grado muy alto de rezago social.
El derecho a la vivienda no es sólo un propósito que debe estar reconocido en los ordenamientos jurídicos. Debe hacerse efectivo y garantizarse que los espacios destinados a la habitación de las personas cuenten con servicios mínimos que les provean de una calidad de vida digna, refiere la iniciativa.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.
