La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ana Lilia Herrera Anzaldo planteó una excitativa para que las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, “desempolven”, una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, a fin de imponer hasta 10 años de cárcel a quien realice o autorice construcciones irregulares, y no solo castigarlos con penas administrativas.
Explicó que la iniciativa en materia de gestión de riesgos, la presentó desde octubre de 2015 y en ella se plantean penas de cárcel y multa a quien realice construcciones sin la autorización debida, así como a los funcionarios corruptos, para que no solo sean inhabilitados o castigados por la vía administrativa, sino que vayan a prisión por autorizar edificaciones de forma irregular.
“Imponer penas de prisión de 2 a 10 años de prisión y desde 300 a 3 mil días de multa a quien realice construcciones sin la autorización debida, así como a los funcionario que se vean inhabilitados si autorizan construcciones forma irregular”, establece.
La senadora mexiquense consideró que aún está pendiente establecer sanciones para los funcionarios y también las constructoras que incumplan con la legislación en la materia.
Recordó que en menos de un mes diversos fenómenos naturales, dos fuertes sismos y huracanes, ocasionaron la pérdida de cientos de vidas y la afectación de infraestructura en diversos estados de la república, lo que evidenció todo tipo de irregularidades en construcciones nuevas que se colapsaron y que no cumplieron con las disposiciones en la materia.
“Necesitamos erradicar la omisión y corrupción en cada uno de los ámbitos de gobierno, pero también en lo que toca a las personas, porque necesitamos entender que es un servidor público el que otorga un permiso, es un servidor público el que no cumple con las revisiones correspondientes, pero también es un particular el que no respeta las normas de construcción”, indicó.
