La senadora Dolores Padierna Luna lamentó que en los términos para la reconstrucción y rehabilitación de espacios tras el sismo, el gobierno federal plantee un programa que carece de perspectiva integral y humana.
“Desde la SEDATU, se ha señalado que la base de la entrega de casas para las personas damnificadas será la de un ‘pie de casa’, es decir, la de unos cuantos cuartos acondicionados para que puedan ser habilitados y utilizados como casa habitación. A veces, estarán dotados de servicios básicos. A veces, ni siquiera eso”, agregó.
A consideración de la senadora es preocupante esta visión, ya que no solamente demuestran el espíritu de este gobierno, sino porque desatiende el deber gubernamental de satisfacer el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
“Han pasado ya 32 años del 19 de septiembre de 1985. En esos días, levantamos un amplio movimiento social, ciudadano, que tuvo como su eje rector la demanda de satisfacción del derecho a la vivienda. En esos días tuvimos que remar contra la corriente, sin más armas que nuestras ideas”, recordó.
Hoy, en cambio, señaló la senadora, contamos con un artículo primero constitucional que establece para todas las autoridades la obligación de garantizar y proteger todos los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
Refirió que, atendiendo a las obligaciones que se derivan de instrumentos internacionales, las condiciones mínimas con las que debe de contar una vivienda para ser considerada como adecuada y digna contemplan: la seguridad de la tenencia y protección contra el desalojo; así como la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, lo que incluye agua potable, instalaciones sanitarias, energía para cocer y conservar alimentos, calefacción y alumbrado.
“Asequibilidad, es decir, que sea costeable sin representar sacrificios excesivos. Habitabilidad, lo que incluye que dé seguridad física y espacio suficiente, así como protección contra el frío, calor, lluvia, viento, etcétera. Accesibilidad, o sea, que tome en cuenta las necesidades específicas de grupos desfavorecidos y marginados. Ubicación cercana a oportunidades de empleo, servicios de salud, educativos y un medio ambiente sano y adecuación cultural, es decir, que respete la identidad y sus expresiones”, afirmó.
Padierna Luna aseguró que la vivienda no es una dádiva, sino la satisfacción de un derecho. “El gobierno federal y el de la Ciudad de México deben tener en cuenta todas estas características. Se trata de una obligación en los términos de nuestro artículo primero constitucional”.
