No puedo más que reconocer que, a simple vista, suena interesante la propuesta que acaba de lanzar el presidente nacional de Morena, y (más que) virtual candidato de ese partido a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de desconcentrar la administración pública federal (centralizada y descentralizada) a algunas ciudades del interior de la República.

Y al conocer nada más por encimita la propuesta de Andrés, confieso que además de parecerme interesante en principio, también me generó curiosidad y expectativas porque, a ojo de vuelo de pájaro, no suena mal, pero ya adentrándome un poco y analizando viabilidad y los pros y contras de la propuesta, concluyo que se trata de una ocurrencia, de algo poco serio, que le falta sustentabilidad.

Para soportar mis aseveraciones primero diré que la desconcentración administrativa de dependencias, organismos y entidades públicas no se da por generación espontánea, es un proceso que requiere estudios previos muy complejos, diagnósticos FODA, proyecciones y análisis prospectivos, estudios de mercado, de infraestructura, factibilidades de servicios y estudios de movilidad social, pero sobre todo de un respaldo presupuestal y un conjunto de políticas públicas ad hoc orientadas a la provisión de vivienda, de infraestructura de servicios, de desarrollo urbano, etc. Vienen a mi memoria los primeros intentos por llevar a cabo el primer intento por llevar a cabo un proceso de desconcentración administrativa de entes públicos federales a la provincia de México.

Fue a principios de la década de los 70 del siglo pasado. Fue durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez cuando se dan los primeros pasos en el país para mejorar los servicios que prestaba el aparato administrativo del Gobierno Federal. No obstante debo mencionar que dichos trabajos se venían dando desde mediados de los 60, que es cuando se crea la primera comisión de estudios administrativos. Ya en los 70 la prioridad era mejorar al conjunto de la A. P., y como una segunda fase se empieza a analizar la posibilidad de sacar algunas dependencias del Gobierno Federal y enviarlas a la provincia. Estos primeros esfuerzos hasta donde recuerdo los encabezó José López Portillo como subsecretario de la Secretaría de la Presidencia de la República.

Surgen nombres de personajes encargados de la confección de la transformación administrativa y del diseño de los manuales de organización y de procedimientos para hacer más eficiente el aparato burocrático, que años después ocuparían los primeros planos de la política durante el gobierno, casualmente, de José López Portillo: Emilio Mújica Montoya, Julio Rodolfo Moctezuma Cid, Carlos Tello Macías y Fernando Solana Morales y el considerado ‘santón’ para los que estudiamos Administración Pública, Alejandro Carrillo Castro, que era el Coordinador General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, es decir, dependía directamente del Ejecutivo Federal. Esto que se dice fácil, en los hechos implicó de estudios y proyectos kilométricos, reuniones, simposios y de mucho trabajo de gabinete, o sea, ‘arrastrar de veras en serio el lápiz’, y los responsables eran verdaderos especialistas, de ninguna manera unos improvisados.

Insisto, en principio la idea planteada por AMLO no es descabellada, pero le falta el sustento y estudios previos. Por mencionar algunos casos, desconcentrar a Pemex y a la Secretaría de Energía a las zonas petroleras; a las encargadas de vivienda y de salud a Toluca, Morelia y Colima; a algunas paraestatales a Zacatecas y Bahía de Banderas y al Conacyt a La Paz, B. C. S., y teniendo a León y Pachuca como receptoras de alguna secretaría de Estado, así como a las Secretarías de la Defensa y de Marina a Jalisco y Veracruz, respectivamente, al SAT a Nuevo Laredo y Nafin a Guanajuato, entre otras dependencias, requieren de una amplia justificación. La primera pregunta que surge es por qué estas y por qué a estos lugares en especial.

Pero no nada más eso, también está qué se va a hacer con toda la infraestructura de las oficinas de esas dependencias en la CdMx, qué se va a hacer con el grueso del aparato burocrático que actualmente presta sus servicios en esas oficinas y residen en la Capital, ¿se les va a retirar?, lo que implica retiros voluntarios, liquidaciones y jubilaciones, y la otra pregunta que surge: ¿las ciudades señaladas están preparadas para ser receptoras de las desconcentraciones y todo lo que ello implicaría? Evidentemente esto no se puede hacer por decreto, requiere de esfuerzos de coordinación e inducción entre los gobiernos federal, los estatales y municipales, de negociaciones de tipo laboral, de reformas al Marco Constitucional y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a estatutos de gobierno, manuales de organización, de métodos y procedimientos y, en fin, de una serie de trabajos previos y alternos nada fáciles.

En los años 70 se trasladaron algunas dependencias federales a la provincia, las expectativas eran mayores y sin embargo, hasta donde recuerdo, sólo se pudieron concretar tres casos: el Inmecafé a Xalapa, Capufe a Cuernavaca y el Inegi a Aguascalientes. Veo muy difícil que en un periodo de seis años se puedan concretar otras desconcentraciones.

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@marcogonzalezga