A septiembre de 2017, la deuda pública directa municipal reportó un saldo de 45 mil 306.7 millones de pesos, lo que significa un decremento en términos reales de 8.3 por ciento respecto al cierre de 2016, señaló Aregional.
La empresa de consultoría refirió que 64.4 por ciento del total de esta deuda directa municipal se concentra en 39 municipios, de acuerdo con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De estos, la mayor concentración del crédito se tiene en los municipios de Tijuana y Mexicali, en Baja California; Guadalajara y Zapopan, en Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato y Benito Juárez (Cancún) en Quintana Roo.
Al tercer trimestre de 2017 la dependencia federal reportó que 708 municipios, que representan el 29.0 por ciento del total nacional, tenían contratado algún tipo de financiamiento, agregó la firma en un análisis.
Destacó que, en general, continúa disminuyendo en el saldo total de endeudamiento de los municipios, que inició a partir de 2015, puesto que en términos reales se advierte un decremento en su evolución.
“Debido principalmente a que muchos de los municipios a nivel nacional saldaron en parte o totalmente sus compromisos crediticios y, en general, se encontró evidencia de que también una gran parte de estos ayuntamientos han aplicado políticas de contención en la contratación de deuda”, resaltó.
Recordó que la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios (LDFEFM) establece topes máximos de endeudamiento para los gobiernos locales, los cuales deben de contar con la previa autorización de las dos terceras partes de sus respectivos congresos locales para su contratación.
Asimismo, se establecerá un sistema de registro de sus compromisos financieros y la aplicación de un sistema de alertas indicadoras del nivel de solvencia que ostentarán los gobiernos locales.
Estas medidas, que aplicarán para los municipios a partir de enero de 2018, les exigirá a los ayuntamientos mayor rigor y disciplina en sus prácticas administrativas y financieras, con la finalidad de equilibrar sus haciendas locales, y les impondrá un mayor compromiso en la contratación de financiamiento.
Aregional afirmó que, en general, los niveles reportados por el grupo de municipios analizados, respecto de sus respectivos compromisos financieros, reflejan correspondencia con la regulación prudencial estipulada en la mencionada Ley.
