Hago un respetuoso, pero urgente llamado a los partidos, coaliciones y precandidatos a la Presidencia de la República, para que avancemos en los nombramientos faltantes del Sistema Nacional Anticorrupción:
El problema central del país es la impunidad.
En México, es altamente probable que quien cometa un delito o incurra en actos de corrupción, se salga con la suya, que no enfrente a la ley y que no pague las consecuencias de sus actos.
La impunidad alienta la corrupción, es la causa de la inseguridad y la fuente principal de la violación a los derechos humanos.
Unos proponen perdonar a los delincuentes. Otros simplemente no hablan del tema porque carecen de ideas y de la experiencia suficiente para terminar con el grave ciclo de impunidad que vive el país.
Para acabar con la impunidad, necesitamos construir instituciones. Esa es la vía responsable y viable en el largo plazo. Ni el perdón ni las ocurrencias para el aplauso fácil son la solución.
Hace no mucho tiempo, se reformó la Constitución para crear instituciones que se encarguen de prevenir y castigar la corrupción. Pero las reformas constitucionales son apenas el primer paso. Ahora debemos implementarlas. Tenemos pendientes que atender para cristalizar el Sistema Nacional Anticorrupción.
Es por ello que hago un respetuoso pero urgente llamado a los partidos, coaliciones y precandidatos a la Presidencia de la República, para que avancemos en la implementación de las nuevas instituciones y de los nombramientos faltantes para terminar de conformar el Sistema Nacional Anticorrupción.
Propongo que dejemos de lado nuestras diferencias, que hagamos una pausa en la competencia, para dar al país las soluciones que merece.
Hagamos un acuerdo basado en seis puntos muy concretos:
1. El Senado debe nombrar a los magistrados de la sección y salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas por actos de corrupción.
2. Avanzar hacia la autonomía del ministerio público federal. Para ello se requiere aprobar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República.
3. Crear marcos homologados de funcionamiento del ministerio público a nivel local. Nueve de cada diez delitos son competencias de las entidades federativas.
4. Nombrar al Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción en un acuerdo con sentido de Estado. Una vez que el poder revisor de la Constitución ha eliminado el pase directo, es momento de activar el mecanismo constitucional para el nombramiento de los titulares de ambos órganos.
5. Aprobar la nueva legislación en materia de contrataciones públicas que reduzca los espacios de oportunidad de la corrupción. Es una obligación constitucional que no puede esperar.
6. Aprobar el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.
En un país de leyes, la justicia no debe depender de quién ostente la Presidencia de la República. El fin de la impunidad solo es posible a través de instituciones creíbles y que den resultados. Debemos hacernos cargo de inmediato de este pendiente estructural. Nadie tiene derecho a posponer estas decisiones con la intención de capturar a las nuevas instituciones. Si hay un compromiso con el país, el período legislativo que inicia es una buena oportunidad para avanzar en esta tarea.
