Este año el proceso electoral más grande de la historia en México tendrá un costo acorde a las dimensiones de los comicios federales y 30 locales, pues implicarán un gasto total de 45 mil 620 millones de pesos, cifra casi equiparable con las pérdidas que dejaron los sismos de septiembre pasado. Esta cantidad aún pudiera incrementarse, pues algunos organismos públicos locales electorales (Oples)y tribunales estatales electorales negocian aún ampliaciones presupuestales para asumir sus responsabilidades.
A escala nacional, el gasto para los comicios federales ascenderá a 28 mil 269.7 millones de pesos: 24 mil 215 millones al Instituto Nacional Electoral (INE), 3 mil 893 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 161.7 millones a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
En caso de que el INE no recurra a la opción de buscar ampliaciones presupuestales, esa cantidad será para la elección del presidente de la República, los 128 senadores y los 500 diputados federales.
La organización de 30 comicios concurrentes (sólo no habrá en Baja California y Nayarit), que incluyen nueve gubernaturas, la renovación de todos los congresos locales (con excepción de Coahuila) y de alcaldías (excepto en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tlaxcala), implicará un gasto de 15 mil 486 millones de pesos y mil 864 millones de los tribunales electorales locales.
A medio camino entre la construcción de un organismo nacional para organizar comicios, pero preservando las estructuras locales, y a cuatro años de una ambiciosa reforma en la materia, el objetivo de abatir los costos electorales dista de concretarse.
En el dilema del enorme costo de los comicios en México y el uso del ajuste de recursos para condicionar la operación de los organismos electorales por parte de algunos gobernadores, este año se registraron recortes en nueve, incluidos los 800 millones de pesos que redujo la Cámara de Diputados al INE.
La homologación en los procesos federales y locales (estarán en juego 3 mil 226 cargos) tiene un mayor impacto financiero, a pesar de las determinaciones de conjuntar la organización de dichos comicios para abatir costos, según los objetivos de la reforma.
La desconfianza
Aun cuando se reconoce que la reforma de 2014 pugnaba por abatir los costos, éstos se encuentran asociados a una historia de desconfianza que obliga a establecer candados en cada elección, que implican recursos, sostiene la consejera del INE Pamela San Martín, quien ha sido responsable de la coordinación con los Oples.
Sin duda en otros países de la región el gasto electoral es mucho menor, pero tiene que ver con tareas que en México se han establecido: la fiscalización no se lleva a cabo en otros países, la supervisión de millones de promocionales tampoco o las instancias organizadoras no tienen como tarea dotar a la ciudadanía del principal documento de identidad, como lo hace el INE.
San Martín reconoce que a tres años de la reforma, bajo un régimen híbrido en donde los consejeros locales son designados por el Instituto Nacional Electoral, pero el presupuesto lo asignan los poderes estatales, las condiciones de operación de los Oples es diversa: desde casos como Sonora, Tlaxcala o Veracruz, donde las restricciones financieras impuestas a escala local han puesto en riesgo tareas fundamentales, hasta otros organismos que han presupuestado indebidamente tareas que con la reforma ahora las asume el INE.
La dependencia presupuestal, sostiene San Martín, “ha sido un mecanismo de control sobre los Oples, sea porque es una cantidad muy grande o muy baja de recursos, generando presiones, como en Tlaxcala, donde en la más reciente elección no tenían ni para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que son parte de las actividades fundamentales. Deberían buscarse mecanismos alternos de asignación –fórmulas como en las prerrogativas– que garanticen los recursos mínimos”.
La ambivalencia que enfrentan los Oples por su condición de ser designados por el INE, pero dependientes económicamente de los poderes estatales, repercute en la diversidad en las condiciones en que operan. Esto más allá de las diferencias presupuestales derivadas en gran medida por las dimensiones de los padrones electorales (que este año por un lado tendrá al instituto mexiquense con 2 mil 701 millones de pesos, frente a los 11 millones de pesos de Baja California Sur).
Ejemplos
Existen casos como el de Morelos, donde el Congreso local aprobó únicamente 55.3 millones de pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales, a pesar de que se renuevan todos los poderes, cuando en 2015 ejerció 168 millones.
No es el único caso: en Chihuahua se aprobaron 517.4 millones de pesos, aunque el Congreso recortó 72 millones al gasto operativo del Ople, lo que motivó la promoción de un juicio ante el TEPJF.
A otros seis institutos les ajustaron el presupuesto: Baja California Sur solicitó 167 millones de pesos y recibió 111 millones; Campeche requirió 236 millones y le asignaron 207; en Hidalgo requirieron 359 millones y les otorgaron 290.4; en Oaxaca le asignaron 198 millones, de los cuales 143 millones corresponden a prerrogativas partidistas, cuando se solicitaron 345 millones; al organismo en el estado de México le redujeron 62 millones de pesos, y en Tlaxcala se le asignaron 75 millones, pero ya requirió una ampliación de 51 millones de pesos
