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Excélsior

A través de la plataforma change.org se lanzó una petición para que Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al Frente” a la Presidencia renuncie a sus aspiraciones debido a los “continuos escándalos de lavado de dinero en los que se ha visto envuelto”.

En el texto que acompaña a la petición, se detalla que Ricardo Anaya “Ha dejado de ser un aspirante digno con los valores que se requieren para aspirar a gobernar un país como México”.

Las recientes evidencias que han salido a la luz, su falta de liderazgo al interior de su partido y la investigación en curso por parte de la PGR por presuntos actos de lavado de dinero a través de la compra de terrenos y la triangulación de fondos, han puesto en duda su credibilidad, liderazgo y honorabilidad”, se detalla en el texto.

Por tal motivo, los creadores de la iniciativa, quienes se ostentan como militantes de la coalición PAN, PRD y MC, exigen la renuncia de Ricardo Anaya, para que sea sustituido por un mexicano que cumpla con los requisitos que solicita la ley, además de principios y valores propios de la encomienda que se aspira.

De igual forma, exigimos que defina de inmediato un método democrático y justo para seleccionar a la persona mejor preparada para ocupar esta posición”, se agrega.

Congelan cuentas a empresas de Manuel Barreiro

Tres compañías de Manuel Barreiro Castañeda, empresario inmobiliario de Querétaro señalado por una supuesta operación de lavado para hacer llegar 54 millones de pesos al candidato presidencial Ricardo Anaya, promovieron amparos para impugnar el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Las empresas Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco II, presentaron entre el 1 y el 15 de febrero al menos cuatro amparos para impugnar el congelamiento de sus cuentas. Las empresas mencionaron en sus amparos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como autoridad responsable de ejecutar los congelamientos, aunque en realidad, ignoraban de donde provino la orden.

En ese sentido, una fuente con conocimiento del caso dijo que la CNBV no fue quien ordenó esta medida.

«De las manifestaciones expresadas por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se advierte que la emisión del aseguramiento haya sido emitido por alguna autoridad hacendaria con motivo de algún crédito fiscal iniciado en su contra; es decir, hasta este momento no se tiene certeza del porqué se hayan asegurado las cuentas respecto de las cuales el promovente aduce ser titular», expuso el juez Javier Loyola.

Este juez y su colega Óscar Palomo concedieron a Advance Real Estate suspensiones provisionales para que la autoridad no remueva fondos de las cuentas, sin que ello implique que las empresas puedan disponer libremente de su dinero.

Los dos amparos de Aspen Partners, en tanto, quedaron en el limbo, pues otro juez federal de Querétaro y uno de León, Guanajuato, se declararon incompetentes para llevar los juicios.

La Procuraduría General de la República (PGR) indaga desde octubre de 2017 una supuesta operación de Barreiro para ocultar el origen de los 54 millones de pesos recibidos por Anaya a cambio de la venta de una nave industrial en Querétaro, adquirida por la empresa Manhattan Master Plan Development.