Esta medida pretende dar solución a la problemática que se presenta en un gran número de familias que no cuentan con escrituras de sus predios.
La diputada María Elisa Manterola Sainz presentó una iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 474 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz con el propósito de generar seguridad jurídica a los poseedores de inmuebles del fundo legal municipal que tienen en posesión desde hace muchos años.
De esta manera, la legisladora plantea que solo en caso de que se acredite fehacientemente que la posesión del predio la haya obtenido diez años o más anteriores a la solicitud, el precio de la venta se ajustará al inicio de aquella, mediante avaluó referido verificado por la oficina de catastro municipal.
Indicó que el artículo 446 del citado Código dispone como atribuciones de los Ayuntamientos el intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra en el municipio; determinar el valor de los lotes de su propiedad susceptibles de enajenación, considerando su ubicación y calidad. En ningún caso su valor será inferior al valor catastral o fiscal.
Dijo que esta circunstancia impide en algunos casos resolver con equidad y justicia la situación que priva en diversas familias veracruzanas, porque el valor catastral o fiscal es exorbitantemente más alto que cuando lo obtuvieron, ya que existen terrenos del fundo legal que están en posesión de familias que van de los diez a los 30 años y en muchas ocasiones manifiestan no tener la capacidad económica para realizar la compra del predio de fundo legal que habitan
Destacó que si bien en la práctica muchos municipios asignan un valor simbólico a los predios que se enajenan bajo estas condiciones, también es cierto que su especificación en la norma, da garantía y certeza plena a los poseedores de los mismos.
La diputada expuso que esta medida pretende dar solución a la problemática que se presenta en un gran número de familias que no cuentan con escrituras de sus predios, las cuales han habitado durante años y que por este motivo se ven imposibilitadas de acceder a programas de apoyo a la vivienda, además de diversos problemas que trae consigo no contar con un documento que certifique la propiedad de los inmuebles.
