Con el voto del PRI y sus aliados electorales, PVEM y Panal, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado una ley general de comunicación social, que busca regular el gasto de la propaganda gubernamental, aunque en la discusión del dictamen, PAN, Morena, PRD y MC advirtieron que el contenido no frenará el gasto discrecional en medios de comunicación.
La aprobación de la ley, que entró a discusión en lo particular, también se logró debido al alto ausentismo en las bancadas de oposición, que sumaron ciento sesenta y nueve votos en contra del PAN-Morena-PRD y PES frente a los doscientos cinco del bloque PRI-PVEM-Panal.
Desde la tribuna, el coordinador de Morena, Virgilio Caballero, sostuvo que en los hechos con esta ley “se legalizan las campañas de promoción personalizada, se permite el uso de recursos públicos para difundir logros personales, se reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de publicidad oficial, además de que avala su contratación como botín de negociación política”.
También cuestionó el hecho de que se deje a la Secretaría de Gobernación (Segob) el control de un padrón de medios, y además, de expedir y evaluar una normatividad de la comunicación social cuando, expuso, lo ideal habría sido constituir un consejo con autonomía técnica y de gestión integrado por profesionales de la comunicación y las radios comunitarias.
El panista, Jorge Triana lamentó que el dictamen votado hoy le da la espalda a la sociedad civil y a los ciudadanos, además de lo que expuso, constituye una burla al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó al Congreso legislar en la materia. “En términos coloquiales le estamos dando el avión a la Corte. Es una simulación, porque sólo le damos manga ancha al gobierno para sobre exponerse en los medios”. Enseguida cuestionó los vaivenes de Morena, porque, recordó, en la Comisión de Gobernación, el ex perredista Alejandro Ojeda Anguiano avaló el dictamen y en la sesión de hoy esa bancada votó en contra: “Con el PRI y sus aliados, Morena votó a favor y hoy aquí lo hace en contra. Morena se ha convertido en el partido Chimoltrufia”.
Por el PRD, Rafael Hernández Soriano sostuvo que la ley se reduce a una “copia de los lineamientos en materia de comunicación social que ya aplica la Segob. Más aún, entrará en vigor hasta 2019 y se saltará el proceso electoral más importante de las décadas recientes, para que continúe la política de beneficiar a los medios cercanos al príncipe y asfixiar a quienes discrepan. Lo que propone esta Cámara, la Comisión de Gobernación y su presidenta (Mercedes del Carmen Guillén Vicente) es institucionalizar el ominoso chayote en los medios de comunicación”.
Entre las primeras reservas al dictamen se rechazó una de MC, que proponía fijar un tope de 10% máximo de publicidad oficial para un solo medio de comunicación, habida cuenta que previamente el PES citó estudios de organizaciones civiles que han documentado cómo el 50% de los gastos de publicidad los concentra Televisa.
Ante las críticas por la forma en como se diseñó la ley, la diputada Carolina Viggiano (PRI), simplemente afirmó que la Corte mandató al Congreso legislar pero “no detalla, especifica, describe o interpreta el contenido que debe tener la ley, porque esta es nuestra atribución”.
Sin embargo, se aprobó una modificación propuesta por el diputado Ricardo García Portilla, para que en campañas coordinadas entre dependencias, la contratación de publicidad sea con cargo a su respectivos presupuestos. Además se eliminó la obligación incluida originalmente para que los programas anuales de comunicación social concordaran con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que desde el punto de vista de Morena y PRD amplía la discrecionalidad en las campañas de propaganda.
