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La Jornada

La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime, con 310 votos a favor, ampliar de cuatro a cinco los integrantes de la Sección Instructora y la de Enjuiciamiento en la de Senadores, que se encargan de realizar las diligencias, elaborar los dictámenes y aprobar los juicios políticos y desafueros de funcionarios públicos. Con ello, buscan evitar que se repitan empates en esta instancia que bloqueen el aval de dichos procedimientos.

Sin embargo, sus efectos se presentarán hasta la próxima Legislatura. Antes de votarse, el perredista Jesús Valencia, al explicar el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, planteó una modificación para que la integración del quinto integrante se aplique hasta 90 días después de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que los asuntos que están ya en trámite, sigan su desahogo sólo con los cuatro integrantes actuales, lo cual también fue aprobado.

En octubre de 2017, la Sección Instructora analizó la solicitud de desafuero del diputado priista Antonio Tarek Abdala Saad, ex tesorero de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, y Alberto Silva, ex vocero del mismo gobierno veracruzano. El tema quedó empatado luego de que los dos votos del tricolor en dicha instancia fueron por la no procedencia del caso, por dos votos a favor del PAN y PRD.

“Ya en abril de ese año había sucedido eso mismo al discutirse por primera vez. Esta circunstancia hizo revisar el número de integrantes que conforman la Sección Instructora que conforma la Cámara de diputados para resolver ese problema. Hemos determinado que, al haber un número impar, podría haber más posibilidad de tomar determinaciones que eviten el empantanamiento, esperamos que esta resolución impida parálisis y atascos”, indicó Valencia.

Sin embargo, reconoció que el rezago en el análisis de denuncias de juicio político no se resolverá con la reforma al Artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Entre 2003 y 2017 en la Cámara de Diputados se acumularon 356 denuncias de juicio político, de las cuales, 109 ya fueron desechadas por prescribir las solicitudes.

La Sección Instructora se conformó en marzo de 2016 con el priista Ricardo Ramírez Nieto como presidente; Juan Pablo Piña Kurczyn, del PAN, como secretario; el perredista Omar Ortega Álvarez, secretario, y Sandra Méndez Hernández, del PRI, como integrante.

En la actual Legislatura, la Cámara de Diputados únicamente se ha erigido como Jurado para iniciar un juicio de declaratoria de procedencia, también conocido como desafuero, contra la diputada local por Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, quien fue ligada con el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Entre los temas que aún tienen pendientes se encuentra la denuncia de juicio contra la priista Bárbara Botello, ex alcaldesa de León, Guanajuato, acusada de peculado en dicha demarcación.