La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados reconoció la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al resolver que la Procuraduría General de la República (PGR) afectó la contienda electoral al divulgar el video en que se muestra la visita del candidato presidencial Ricardo Anaya, a sus instalaciones.
El coordinador Marko Cortés reiteró la exigencia a la Procuraduría de no involucrarse en la “guerra sucia” y dejar la contienda electoral a los abanderados.
En un comunicado, expresó que los panistas en San Lázaro “aplauden” la resolución del Tribunal, porque deja en claro que instituciones del Estado como la referida, están interviniendo de manera ilegal en las elecciones.
Cortés Mendoza reprobó la actuación parcial e irregular de la Procuraduría, al difundir el video en que se reporta la visita del candidato de la coalición “Por México al Frente” a sus instalaciones, en el marco de las acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro indicó que la PGR afectó la equidad de la elección al utilizar los medios a su alcance para afectar a un candidato y favorecer, consideró, al abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Gobierno Federal, José Antonio Meade
“Este caso es prueba de un ejercicio desmedido de la PGR, porque cuando capturan a narcotraficantes, capturan a homicidas, no sacan más que un boletín, pero en este caso sin haber investigación justificada hay videos, mensajes, ruedas de prensa y esto altera la voluntad democrática y el Estado de Derecho”, recriminó.
El legislador panista apuntó que la decisión del Tribunal, al que se refirió como una institución “sólida”, hace valer el estado de derecho
“Hacemos un enérgico llamado para que la PGR deje este proceso electoral en manos de los candidatos y de las autoridades electorales. Sabemos que están desesperados porque su candidato no crece y recurren siempre a sus viejas prácticas”, reiteró, al advertir que la PGR y el Ejecutivo deben tener presente que nadie, ni esas instituciones, pueden estar por encima de la ley.
