El sobrino, suegra y chofer de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, y 15 funcionarios de su gobierno siguieron el mismo patrón para conseguir una candidatura independiente a algún cargo público en Nuevo León o federal: firmas inválidas, rebase excesivo del umbral de apoyos requeridos, e incluso, acusan, el uso de la estructura de Gobierno local.
Pese a las irregularidades señaladas por las autoridades electorales locales, los tres cercanos a “El Bronco” obtuvieron su postulación y no son investigados, criticó la red de organizaciones civiles #QueSirvan, integrada por Redes Quinto Poder en alianza con AMEDI Capítulo NL, Alianza Cívica NL, Colectivo Nosotros, Curul43, Evolución Mexicana y FUNDENL, la cual informa sobre redes familiares, escándalos o conductas sistemáticas de los aspirantes para fomentar un voto informado de los neoleoneses.
José Esequiel Rodríguez Calderón, su sobrino que busca una diputación local por el distrito 19, necesitaba mil 500 firmas para el registro, mandó 8 mil 445, pero 4 mil 549 eran inválidas. María Teresa Martínez Galván, su suegra, quien va por la Alcaldía de Santa Catarina, envió 21 mil 521 firmas de las 6 mil 219 requeridas, aunque 5 mil 95 no eran válidas. Carlos Alberto Guevara Garza, su chofer, quien quiere la Alcaldía de García, ocupaba 4 mil 400 firmas, mandó 33 mil 285 apoyos, pero 10 mil 829 resultaron inválidos, de acuerdo con los datos del último corte de la Comisión Estatal Electoral del Nuevo león, hecho el 6 de febrero pasado.
María Teresa es madre de su esposa Adalina Dávalos, a quien comparó con su caballo en enero pasado.
“En todos ellos fue el mismo caso del Gobernador con licencia Jaime Rodríguez. Las firmas que recabaron casi las cuadriplicaron”, señaló el vocero de #QueSirvan, Juan Manuel Ramos, quien lamentó que pese a que el ahora candidato presidencial se vendió como independiente, “finalmente repite esas conductas ligadas a partidos donde hay familias completas en la política”.
Enrique Gutiérrez Márquez, especialista en instituciones electorales y ex consejero electoral, explicó en que a raíz de la Reforma Electoral del 2014, el INE absorbió muchas responsabilidades como parte de su rol de árbitro y eso “debilitó” a los órganos electorales locales (OPLES).
“La reforma ni fortaleció la democracia a nivel subnacional ni la fortaleció en el ámbito nacional. Por un lado tenemos un INE enorme, como un embudo en donde cada uno de los problemas, tanto de las elecciones federales como en las elecciones locales, es la instancia resolutoria; imagina la cantidad de trabajo que tiene sumado al tema de la fiscalización en tiempo real tanto nacional como local. Del otro lado tenemos los OPLES que tienen un margen de posibilidad de incidir en el proceso electoral muy acotada y muy debilitados”, expuso.
“Los organismos electorales locales tienen muy poca posibilidad de generar procesos de vigilancia y transparencia en este caso sobre las candidaturas independientes y el registro de sus apoyos. No me extraña [lo de las firmas de familiares] si entendemos que la lógica de Jaime Rodríguez está aparente vinculada a una gran maquinaria que lo ha ayudado a conseguir el registro a él y supongo que a gente cercana”.
El académico de la Universidad Iberoamericana previó que aunque seguramente después del 2018 habrá más reformas, no considera que el problema radique en la legislación electoral, ya que tiene varios candados “a partir de la desconfianza”. El problema lo atribuyó a que los candidatos independientes emanan de partidos políticos e intentan “burlar” ese reglamento y, además, está “la tensa relación” entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y su “debilidad institucional”.
“El mensaje a la ciudadanía es que se vale hacer trampa, que haya dudas sobre las propias firmas si son verídicas. El Tribunal con una lógica en exceso garantista definió que le dará el registro a Jaime Rodríguez para salvaguardar sus derechos. Eso no depende nada más del marco normativo, sino de la interpretación y una particular que hacen los magistrados. El cuestionamiento vendría a qué intereses están respondiendo”, afirmó Gutiérrez. “El Tribunal definió más que con un criterio jurídico, con un criterio político. Más allá de la interpretación del marco legal hay un uso político en contra del INE, clara y abiertamente con una suerte de intención no declarada de descalificar y debilitarlo”, añadió.
El activista Juan Manuel Ramos no descartó que en 2015, cuando “El Bronco” obtuvo la candidatura para gobernador independiente, “haya hecho lo mismo. Ya tenía gente recolectando firmas para él”. En enero de 2015, el ex priista informó que en 12 días ya había conseguido 150 mil firmas recabadas en su mayoría desde redes sociales. El 63 por ciento de los nueoleoneses desaprueba su desempeño, de acuerdo con un sondeo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). En 2018 entregó 2 millones 34 mil, pero 835 mil eran inválidas.
Aunque el INE le negó el registro, el Tribunal revocó la determinación por la ausencia de una audiencia para justificar la procedencia y estará en la boleta. Ayer, el candidato independiente anunció que demandará al INE “por sus inconsistencias, falsedades y mentiras”. No obstante, el Consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello, dijo en entrevista radiofónica que se le podría retirar el registro si en la investigación en curso se le detectan financiamientos indebidos.
El activista Juan Manuel Ramos señaló que durante su gobierno, “El Bronco” atacó a la prensa opositora y a las manifestaciones ciudadanas. “Marcan a un hombre que es poco tolerante. Este mensaje que dijo que ‘guacareó’ al PRI, a lo mejor no lo ‘guacareó’ completamente porque las acciones que toma es de un PRI del de antes. Ese que encerraba gente, callaba a los opositores y defendía a los corruptos”, afirmó. “En temas de gobierno resultó exactamente lo mismo incluso peor”, agregó.
El acto es para consolidarse en el poder, sostuvo Ramos. “No serían los primeros ni únicos, pero viene del lado independiente que está en contra de todo lo que realizan los partidos y finalmente repite esas conductas ligadas a partidos donde hay familias completas en la política. Empiezan a hacer esos grupos de independientes ligados a un personaje político y ya no representan a la sociedad, sino a su grupo político”, aseguró.
SUS FUNCIONARIOS A LA BOLETA
Para Diputaciones locales se apuntaron Adriana Quiroz (2 mil 215 firmas inválidas), Blanca Lilia Sandoval (mil 337 firmas inválidas), José Esequiel Rodríguez (el sobrino con 4 mil 549 firmas inválidas), Eleazar Puente Rangel (mil 526 firmas invaálidos) y Mario Alberto Zamarripa Rodríguez (mil 88 firmas inválidas), y desde enero completaron también los apoyos que necesitan.
Mientras que para las alcaldías van Jorge Luis Tamez para Abasolo (83 no válidas), Jorge Garza Salinas para China (162 inválidas), Arturo Rodríguez Eguía para Dr. Arroyo (272 inválidas), Carlos Guevara Garza para García (el chofer con 10 mil 829 inválidas), Américo Garza Salinas para Juárez (2 mil 386 inválidas) y Aldo Fasci para Monterrey (6 mil 333 inválidas), reportó el órgano electoral local hasta el 6 de febrero.
A nivel federal, Raúl González Rodríguez, quien aspira al Senado, rompió el umbral en los 12 distritos de Nuevo León entre 156 a 479 por ciento. En contraste, otros aspirantes a ese cargo alcanzaron el monto de firmas necesarias por menos del 10 por ciento, de acuerdo con el INE.
Quienes compiten para diputados federales por Nuevo León, José Eduardo Santos González (para distrito 1), rompió el umbral de firmas necesarias hasta en un 425 por ciento en una sección; Raúl Guajardo Cantú (para distrito 12) con hasta 644 por ciento; Gregorio Farías Mateos (para distrito 5) hasta en 555 por ciento; Yamilett Orduña Saide (para distrito 7) hasta 612 por ciento; David Elizondo Cantú (para distrito 10) hasta 740 por ciento.
El órgano electoral local permitió registrarse a todos los aspirantes que alcanzaron las firmas, y se lo negó a algunos independientes que no llegaron al umbral ni están ligados al gobierno del estado, destacó el activista.
“No se metieron al tema de revisar las firmas falsas. El órgano local ha referido públicamente que le toca al INE revisar los apoyos. Pero estamos viendo una situación igual que la del nivel federal: el no castigo al uso indebido de credenciales o emitir apoyos falsos”, acusó.
LAS TRAMPAS DE “EL BRONCO”
El cúmulo de anomalías que “El Bronco” cometió para recabar firmas para el registro de su candidatura como independiente fue evidenciado por el Instituto Nacional Electoral y el diario local El Norte. El órgano electoral detectó que más de 200 funcionarios públicos de su gobierno eran auxiliares que obtuvieron firmas.
“El INE detecta que los auxiliares de Jaime estaban haciendo esta labor en horario de trabajo, lo cual bajo la Ley local de Nuevo León de Responsabilidad de Servidores Públicos significa un desvío de recursos públicos porque el funcionario debe estar haciendo lo de su nombramiento. Entonces, que hayan obtenido muy abultado y muy temprano [las firmas] nos habla de que pudieron haber hecho este uso no solo para los apoyos del Gobernador, sino para completar una lista de candidatos independientes”, afirmó Juan Manuel Ramos de #QueSirvan.
De acuerdo con su red de organizaciones civiles, se registraron denuncias de ciudadanos a los cuales “se les presionó, se les coaccionó y casi se les obligó” a que consiguieran firmas para la candidatura de “El Bronco” para la Presidencia .
El diario local El Norte reveló en febrero que la Universidad Ciudadana (UC), creada por Jaime Rodríguez, fue empleada para buscar las firmas que requería. Durante noviembre, diciembre y enero, a través de conversaciones de un grupo de WhatsApp, el coordinador de los profesores de la universidad Hugo Herrera y el empleado León Mireles “presionaron para que maestrosse registraran ante el INE y recabaran apoyos, asegurándoles que ese esfuerzo será ‘totalmente considerado’”, reportó el periódico opositor al gobierno de el candidato presidencial.
Asimismo, el INE identificó un foco rojo en el sector salud, porque se estaban registrando firmas. El Secretario de Salud estatal, Manuel de la O, y Juan Luis González Treviño, director del Seguro Popular, eran auxiliares de Rodríguez Calderón.
“Se va contra la gente que está más desprotegida laboralmente y se hacen prácticas que pensamos que eran de los partidos. En el Instituto Nacional de Protección del Adulto Mayor se detectó que a la gente le pedían la firma en favor del Gobernador al registrarse; como cuando llegas a una institución pública que te piden tu identificación para entrar”, agregó el vocero de #QueSirvan.
EL BRONCO, POLÍTICO TRADICIONAL
Es tanto el descontento social de Nuevo León hacia Jaime Rodríguez Calderón que no lo querían de regreso como su Gobernador, dijo el vocero de #QueSirvan, Juan Manuel Ramos.
“Ahora, por increíble que parece, después de tantas anomalías va a parecer en la boleta”, afirmó.
Recordó que en el gobierno del priista Rodrigo Medina –acusado de enriquecimiento ilícito– había una prensa muy ligada al gobierno estatal, salvo El Norte, que documentó sus actos de corrupción. Era 2015 y tenían una “crisis de impunidad terrible” y los partidos políticos tuvieron conflictos internos.
“El único que absorbió de manera mejor [la situación] fue el Gobernador Jaime Rodríguez. El asunto es que cuando llega al gobierno del estado ya no actúa conforme a la campaña, lo que nos dice es que fue un muy buen candidato, pero resultó un mal servidor público”, afirmó Ramos.
“El Bronco” entró en octubre de 2015 y meses después, el periódico El Nortereveló la investigación “El Cobijagate”: el gobierno estatal, a través de su subsecretario de Administración dirigida por Rogelio Benavides Pintos, compró 200 mil cobijas para repartir en la zona rural pese a que no había un decreto de urgencia y a un precio mayor al mercado.
“El Cobijagate no se castigó y el Gobernador defendió al servidor público Rogelio Benavides. Finalmente le pidió la licencia como un gobierno tradicional y en lugar de ordenar una investigación para que se sancionara de manera contundente, se enfrentó con el medio de comunicación y lo acusó. Luego lo más terrible y anecdótico de tragicomedia es que la resolución del ‘Cobijagate’ la dieron a conocer la madrugada del 15 de septiembre del 2016”. Primero la multa fue de 7 mil 300 pesos y luego de la presión mediática y civil pasó a 274 mil pesos.
“No quiso tomar las riendas como él le llama. A la hora de aplicar la ley y mandar un mensaje lo hizo como un político tradicional, como el mejor priista, panista o perredista. En temas de gobierno resultó exactamente lo mismo incluso peor porque, a pesar de que en el gobierno de Medina este periódico estuvo encima, nunca hubo un enfrentamiento público de patanadería de insultar a los reporteros, de entrentarlos y culparlos de las negligencias y corruptelas del gobierno del estado”, agregó Ramos.
“Fue lamentable porque cuando el Gobernador tomó protesta, uno de los mensajes fuertes fue que ‘se le acabó la fiesta a los bandidos’, y entonces ya no supimos si se le acabó la fiesta a los bandidos y empezó la fiesta de otros…”, concluyó el activista.
Actualmente Nuevo León es administrado por Manuel González Flores, que era secretario general de gobierno, su hombre de confianza, nombrado por el Congreso del estado que, a decir de Ramos, nunca fue oposición a “El Bronco”, hoy candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente.