El Senado de la República recibió la minuta enviada por la Cámara de Diputados la cual reforma la Constitución para eliminar el llamado «fuero» a legisladores, gobernadores, alcaldes y funcionarios, incluido el Presidente de la República y alista la ruta crítica y el debate para su aprobación la próxima semana.
Se prevé que la próxima semana se dictamine en comisiones y, en su caso, se apruebe en el pleno esta iniciativa para que antes del 30 de abril sea turnada a los congresos estatales e iniciar el rumbo para su entrada en vigor, una vez que sea avalada por al menos 17 congresos locales.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, informó que la minuta fue enviada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
Adelantó que la iniciativa será revisada con mucho cuidado con el propósito de mejorarla, porque no se trata de que los legisladores ganen el aplauso fácil de la sociedad.
“Siempre habrá cosas que se puedan mejorar y en el Senado como cámara revisora siempre hemos sido bastante responsables y más allá del aplauso fácil que esta iniciativa nos va dar a todos, hablando con toda claridad y honestidad, yo creo que hay que hacer un trabajo serio y revisar con mucha precisión.
Y sí hay algunas cosas que se puedan mejorar, se mejorarán y se regresará a la Cámara de Diputados”, subrayó.
A su vez, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez Jiménez, comentó que la mayoría de los senadores está de acuerdo en que el proyecto sea ratificado en sus términos por el pleno senatorial.
Comentó que ésta es una demanda de la sociedad de hace años y no es una cuestión de candidatos o de partidos políticos. «Me parece que la mayoría estamos de acuerdo en que tiene que transitar”.
Esta reforma avalada por unanimidad por la Cámara de Diputados modifica los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 112 y 114 y establece que el Presidente de la República podrá ser imputado penalmente durante el tiempo de su encargo ante la comisión de un delito.
También se podrá imputar penalmente a gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y alcaldes, magistrados de los tribunales superiores de Justicia de las entidades federativas, miembros de los consejos de las Judicaturas locales y concejales.
