Es un órgano de consulta obligada en materia de políticas públicas para promover el desarrollo integral de los pueblos y comunidades de indígenas.
El presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, diputado Manuel Francisco Martínez Martínez, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno estatal a que, con base en la Ley, nombre a la brevedad al titular de la Dirección General Indígena del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades de Indígenas de Veracruz.
En tribuna, durante la sesión ordinaria, el legislador indicó que de acuerdo a un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se estima que en 2014 la población indígena en México era de poco más de 11.9 millones de personas, lo que representa 10 por ciento del total del país.
Las personas hablantes de lengua indígena se estiman en poco más de 7.1 millones, de las cuales más de 724 mil no hablan español, expuso.
Sostuvo que la población indígena constituye una décima parte del total que reside en el territorio mexicano y se encuentra distribuida en la mayor parte de las localidades del país, aunque es en cinco entidades federativas, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, en donde se concentra más de la mitad.
Recordó que en Veracruz se creó el Consejo Consultivo Indígena para lo cual se llevaron a cabo 12 foros en distintos municipios de la entidad y que dio como resultado un órgano integrado por 14 personas que representan al Estado, con base en las características lingüísticas y culturales de cada zona.
Este Consejo –señaló el diputado Manuel Francisco- es un órgano de consulta obligada para la administración pública estatal, en materia de políticas públicas para promover el desarrollo integral de los pueblos y comunidades de indígenas.
Tras reiterar su llamado a que el Gobierno del Estado designe al titular del citado Consejo, el legislador dijo que hay una deuda histórica con la población indígena y que deben sumarse esfuerzos para construir un camino que considere a estas comunidades como sujetos de derecho en relación con el ejercicio democrático del poder.
