Leer las declaraciones del presidente electo acorde a la crónica de El Financiero del 4 de septiembre de 2018 genera emociones encontradas. El sólo hecho de hablar de simplificación fiscal ya es un alivio para los contribuyentes. Saber que no habrá impuestos a la alza también es miel en los oídos de los industriales de la Caintra en Monterrey, dónde fue enunciada esta propuesta. Esperar a que el gobierno se gane la confianza del ciudadano para llevarla a cabo, comienza a incomodar un poco, porque teníamos la esperanza de que entrando el nuevo gobierno, se resolverían algunas de las graves contradicciones de nuestro sistema fiscal.
Comenzar hasta dentro de dos o tres años, implica que el SAT continúe con los excesos que lo han caracterizado y con su incompetencia para vigilar a los contribuyentes, lo que ha complicado terriblemente el pago de impuestos en el país. Todos los especialistas fiscales entendemos que la complejidad del sistema se debe a la incompetencia del SAT. Ante su incapacidad para vigilar al contribuyente, deciden generar más y más reglas improductivas y antieconómicas, que únicamente benefician al SAT, pues le simplifican sus procesos de fiscalización, sin considerar el enorme costo para la economía mexicana, que genera ese trabajo improductivo adicional para millones de empresas, el cual provoca costos administrativos elevados para cada empresa, que a su vez se transmiten al consumidor, dañando a la economía en pleno. Es de todos sabido que el SAT ha aplicado –cuando ha podido- la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para los contribuyentes.
Muchos mexicanos sospechamos que el nuevo esquema de facturación mediante empresas concesionadas, ha generado negocios de miles de millones de pesos para los consentidos del sistema político. Duplicando el ingreso ahora con el nuevo sistema de facturación que implica hacer más de una factura para cada operación que se realice en el país. Ingenuamente pensábamos que con el cambio de gobierno, se acabarían esos privilegios y que se volvería al esquema de facturación normal con costo mucho menor para la economía nacional. Es un tema que Urzúa tendrá que revisar pronto.
El control de los contribuyentes, el SAT lo ha concesionado también a una empresa privada, que recibe millones y millones de pesos por hacer un trabajo que debería ser del gobierno, pero que ha servido para que un grupo de egresados del ITAM se enriquezcan de manera grotesca a costillas del erario mexicano.
En la SHCP y en el SAT, el nuevo gobierno tendrá mucho que corregir, pero si comienzan continuando con lo establecido, la esperanza de una mejoría y una simplificación se ven muy lejanas.
También preocupa el hecho de que en lugar de mandar auditorías (revisiones) a contribuyentes con actitudes sospechosas, se proponga un sorteo, para decidir a quien revisar. Eso habla de ingenuidad o desconocimiento por parte del presidente electo, quien a estas alturas no puede estar proponiendo esquemas que impliquen un retroceso en la vigilancia normal y natural de los contribuyentes. Las técnicas para definir a quien auditar van más allá de un simple sorteo o una tómbola. Las auditorías deben ser rentables a pesar de la confianza que pueda tener el gobierno en los contribuyentes.
Es aquí dónde el problema se agrava. La evasión fiscal es un deporte nacional en México. Hay firmas especializadas de abogados con oficinas cuyos costos rondan los cientos de millones de pesos, especializadas en la evasión fiscal. Pensar que cuando el gobierno se gane la confianza de los contribuyentes, el 100% de ellos pagará sus impuestos de manera correcta es romántica, ingenua o de un desconocimiento atroz de la realidad mexicana.
En México se evade al fisco, por la impunidad que existe y por la ineficiencia e incapacidad del SAT para vigilar adecuadamente a los contribuyentes. Si se eliminan esos dos factores, y se desecha la absurda idea del sorteo de revisiones, quizá el contribuyente sea más cuidadoso en su pago de impuestos. Pero mientras tanto, considerar que sólo porque el gobierno haga bien las cosas, los mexicanos cambiarán una conducta añeja, esta totalmente fuera de la realidad.
AMLO ya no está en campaña. Ya no necesita ganarse el aplauso fácil de quien lo escucha. Debe de estar dedicado a proyectar un gobierno profesional y eficiente. No debe prometer lo que sabemos que no podrá cumplir, ni debe de perder el tiempo esperando unos años para comenzar a resolver problemas delicados como los ya mencionados en la administración fiscal del país.
Escuchar a un presidente electo hablar con total desconocimiento y hacer compromisos irrealizables, únicamente genera más incertidumbre. Nadie espera que AMLO sea experto en todo. Lo que sí podemos exigir es que AMLO escuche a los expertos en todo, y no haga compromisos al aire, para ganar el aplauso de la concurrencia, sobre todo compromisos que no podrá cumplir o compromisos que deben de comenzar a cumplirse de inmediato. Curiosamente en su discurso en Monterrey cometió ambos errores, ofreció compromisos irrealizables, y también soslayó el inicio de una urgente y necesaria reforma fiscal, que orientada a la simplificación combata también la impunidad y eleve la calidad de los servicios del SAT.
Hay tiempo para corregir el rumbo, para recapacitar. Sobre todo en temas neurálgicos como el fiscal, que es de dónde se obtiene buena parte de los recursos que habrán de usarse para cumplir las promesas de campaña del nuevo gobierno.
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