El diputado de Morena, Pablo Gómez, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, una iniciativa para eliminar el “fuero constitucional”, que consiste en la inmunidad procesal penal, para los altos servidores públicos y mantener sólo la inmunidad.
El legislador de Morena, argumentó que por ser considerado el fuero, como un privilegio indebido, “es urgente ubicar a los titulares de los poderes públicos en situación de igualdad respecto del resto de los ciudadanos”, puntualizó.
Explicó que la inmunidad es un mecanismo para garantizar el funcionamiento de los poderes y que sus titulares no puedan ser arrestados por autoridades menores, con el fin de que permitir que la Presidencia de la República, los gobiernos estatales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de la Unión y los congresos locales puedan funcionar con libertad.
Sin embargo, aclaró, “sus integrantes deben estar a la disposición de la justicia cuando sean acusados de haber cometido algún delito. Todos, absolutamente todos, sin distinción alguna, incluyendo al Presidente de la República”.
De acuerdo con la “exposición de motivos” de la iniciativa, se pretende acabar con el fuero, pero no la inmunidad, debido a que ésta es una condición del funcionamiento normal y libre de los poderes públicos.
Se propone también que los servidores públicos que ahora están “aforados” sean sujetos de procedimiento penal en libertad, y cuando el juez dicte sentencia condenatoria, notifique a la Cámara de Diputados que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó.
“Ese procedimiento y sus consecuencias se aplicarían a las o los gobernadores de los estados; la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; diputados locales de los mismos y magistrados de los respectivos tribunales superiores de justicia, por la comisión de delitos federales, sin que sea necesario que los congresos de las entidades se pronuncien al respecto”.
En su documento, el legislador Pablo Gómez, destaca que dicho procedimiento también se aplicaría al Presidente de la República, con la salvedad de que una vez dictada la sentencia condenatoria, el asunto pasaría a la Cámara de Diputados y el Senado para que decidan retirarle la inmunidad y cesar sus funciones.
“Esta propuesta, que contiene una diferencia respecto del resto de los funcionarios, se debe a que es necesario cerrar el camino para impedir un golpe de Estado, que en esta hipótesis sería de origen judicial. En síntesis, el Presidente de la República podría ser juzgado en un tribunal ordinario y sólo en el caso de que fuera”, añadió.
