Por Enrique Campos Suárez

Estamos enredados en discusiones absurdas que consumen toda la atención de la opinión pública que al final no llegan a ningún lugar.

Si algo tiene el equipo que está a punto de llegar a gobernar es un amplio conocimiento de cómo desatar discusiones públicas distractoras, saben perfectamente bien las técnicas para generar agenda pública y marcar el ritmo de la información.

Son verdaderos estudiosos y unos genios en la aplicación de las técnicas de la propaganda. Muchos de los escándalos que envolvieron al gobierno saliente fueron producto de esa maquinación y la torpe respuesta en la comunicación presidencial.

Pues justo ahora estamos en uno de esos momentos en que la atención se centra en vaguedades, como discutir si el país está en bancarrota o no. Incluso, la discusión sobre dónde construir el nuevo aeropuerto de la capital del país tiene una alta dosis de distracción.

Mientras tanto, por la puerta de atrás se empieza ya a aplicar la cuarta transformación sin que nadie repare en la profundidad de algunos cambios.

Al cierre de la semana pasada, el catrecito en un rincón de Palacio Nacional que proponía el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para vivir en este histórico edificio fue un tema de mayor discusión que la aprobación en el Senado del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que estaba pendiente del visto bueno mexicano nada más desde 1949. Fue una decisión de gran alcance.

Y mientras asistimos al circo de cómo defienden algunos el inviable proyecto de dos pistas en el aeródromo militar de Santa Lucía, a la callada el gobierno entrante impulsa uno de los cambios más importantes y radicales en materia del sistema de pensiones.

Porque, así como no podemos imaginar a un Enrique Peña Nieto defendiendo un proyecto tan irracional como Santa Lucía y, además, darle la obra a su constructor favorito, así tampoco podríamos pensar que el gobierno saliente hubiera tenido la fuerza política para aumentar la edad de jubilación.

Lo que busca hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de pensiones es un cambio estructural muy importante, muy positivo, pero que necesita ciertamente discreción para no desgastar mucho el bono democrático con el que llega. Ahí es donde todo el ruido mediático de otros temas sirve mucho.

Fue una indiscreción de alguno de los funcionarios de la transición que captaron algunos medios, que nos dejó tener conocimiento de que la siguiente administración busca elevar la edad de retiro a los 68 años desde los 65 actuales. La falta de un ahorro suficiente para el retiro en las cuentas individualizadas es un gran problema al que se le tienen que encontrar soluciones antes de que se convierta en un conflicto social.

Elevar la edad de jubilación, en atención a la mayor expectativa de vida, es una forma de contribuir a la solución. Y si el próximo gobierno lo tiene claro y actúa en consecuencia, estará haciendo lo correcto.

No es una decisión popular que por ahora pasó de noche en la atención de la opinión pública, porque hay otros escándalos que atender.

Así que, con distracción o sin ella, pero es importante que lleven a cabo las modificaciones necesarias que eviten un colapso en el sistema de pensiones.

ecampos@nulleleconomista.com.mx

Enrique Campos Suárez

Tomado de «El Economista