Ante la represión sistemática del gobierno de Nicaragua en contra de la población, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discutió, el pasado 5 de septiembre, la crisis que inició en el mes de abril y que según diversas fuentes ha cobrado la vida de 455 personas.

El presidente Daniel Ortega (72), que gobierna desde hace 11 años, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo (67), hicieron todo lo posible para que Estados Unidos, que ahora tiene la presidencia rotatoria del consejo, no introdujera el caso, pero al final perdieron.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU dio a conocer, el pasado 29 de agosto, un informe que prueba la represión del gobierno, las ejecuciones extrajudiciales y la violación sistemática de los derechos humanos. La reacción de Ortega y Murillo fue expulsar a los observadores de la ONU al conocer el documento.

Es algo extraordinario que el Consejo de Seguridad haya dado entrada al caso de Nicaragua. Esto se debe a que “la brutalidad del régimen de Ortega ya es percibida a nivel internacional como una amenaza, para la estabilidad de la región”, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

En la sesión, se insistió en que se debe buscar una salida pacífica negociada al conflicto, mediante un diálogo nacional con la mediación de la Iglesia católica que debe contemplar, entre otros puntos, el adelanto de las elecciones, medida que cuenta con el apoyo de 81% de los nicaragüenses.

Los grupos opositores se han manifestado siempre a favor del diálogo y lo mismo ha hecho la Iglesia, la OEA y ahora también la ONU. Quienes se niegan son Ortega y Murillo que ahora tienen el control absoluto de los tres poderes del Estado.

El problema es “que hoy existe un régimen que quiere prolongar su estancia en el poder a cualquier costo y esto es lo que debe cambiar. No se trata de sustituir un régimen revolucionario, sería un error verlo así, es sustituir un régimen continuista por uno democrático”, afirma el escritor Sergio Ramírez (76).

Desde abril, la respuesta del gobierno ante el descontento popular ha sido la represión, primero armada y después cesando de sus cargos a médicos, maestros y funcionarios que considera que han ayudado a los manifestantes o apoyan sus demandas. Esto ha profundizado el rechazo de la población al régimen, que cada vez está más aislado en lo interno y también a nivel internacional.

Henry Ruiz (75), el legendario comandante guerrillero Modesto, que al triunfo del sandinismo fue nombrado, como Ortega, comandante de la Revolución, honor que sólo merecieron nueve de los combatientes históricos, dice de su compañero en la guerrilla y en los primeros años de gobierno: “El Ortega de hoy no es reconocible, para nadie que lo haya conocido antes”.

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RubénAguilar

El Economista