Por Billie J Parker
Palabra de Mujer (Columna)
El respeto a las mujeres es la base de la convivencia pacífica, de una sociedad más justa y próspera. La tarea de construir una vida digna sin violencia para las mujeres es colectiva y es de amplio espectro, pero algunos segmentos sociales se dejan de lado: Periodistas, adultas mayores, con discapacidad, indígenas y otros grupos vulnerables.
La lucha contra la discriminación no se puede ganar sin alianzas para informar y discutir los retos nacionales más urgentes que alimentan la desigualdad y la violencia planteó Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), al reconocer el excepcional papel de las mujeres periodistas en ese compromiso.
Pese a que las autoridades y el legislativo presumen comisiones de “protección” a quienes ejercen el agraviado periodismo, el desconocimiento del papel y situación de las mujeres periodistas, atenta contra las libertades esenciales de una sociedad que se precie de querer avanzar en la eliminación de la desigualdad.
¿Cuántas mujeres periodistas han sido denunciadas con los nuevos mecanismos para acallar a la prensa? ¿Cuántas despojadas injustificadamente de sus empleos? ¿Cuántas agresiones, asesinatos, intimidaciones, son invisibles? ¿Cuantos acosos a sus familias? Poco se sabe. Sólo se conocen casos de algunas que tienen reflectores, las demás permanecen en el anonimato. Cuando un político las trata con mecanismos patriarcales y osan levantar la voz son atacadas fieramente, hasta por su mismo sector.
Se ignora la violencia contra las mujeres periodistas para no comprometerse con su circunstancia, no coadyuvar a su capacitación y seguridad o, seguir siendo omisos en los análisis de la problemática del periodismo con perspectiva de género pero, sobre todo, se invisibiliza la discriminación que sufren porque les conviene mermar la fuerza de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos que las mujeres periodistas despliegan al escribir.
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Excluir la voz de los grupos vulnerables, sobre todo de las mujeres, es parte de la violencia estructural en la que vivimos. Por ello muchos y muchas con mentalidad patriarcal atacan al lenguaje inclusivo, alegando gramática y desconociendo que el lenguaje es la ventana “de aquello que acusáis”, la invisibilidad de las mujeres, del otro, de la otra, del diferente.
Las mujeres que reportean, editan, comunican, se erigen como uno de los grupos más vulnerables debido al incremento de la violencia de género, la inseguridad pública, inestabilidad y explotación laboral, indefensión institucional y social, además de las continuas campañas de desprestigio en el desempeño de su labor de informar.
Las mujeres periodistas enfrentan una creciente campaña de descrédito e incluso, discursos de odio en su contra, desde dentro como fuera del sistema. Maniobra que ha sido articulada para incidir en el imaginario colectivo, por un régimen que está exhibiendo una documentada regresión en los derechos humanos y la libertad de expresión, para ocultar su corrupción y permanecer en el poder.
Quienes ejercen el periodismo se encuentran dentro de una maquinaria donde se crean y reproducen las tramas dominantes, y por la vulnerabilidad integral de las mujeres periodistas, ellas, además de víctimas de discriminación de género, se encuentran en la indefensión ante amenazas constantes, acoso -incluso de compañeros-, agresiones verbales, sexuales, físicas, y otras agresiones.
Autoridades les ponen “cola” física y virtualmente, a ellas y a sus familias para espiarlas y les hacen ciberbullying. La descalificación sistemática, la criminalización, los engaños para someter y hasta apropiación de su creatividad, son prácticas comunes. Atender las violaciones a los derechos humanos de las periodistas es atender la visibilización de las violencias contra las mujeres.
Para el avance de la igualdad sustantiva es trascendental que medios y Gobierno se comprometan con la plataforma de Beijing párrafo 243 para fomentar la investigación y la aplicación de una estrategia de información, educación y comunicación orientada a estimular la presentación de una imagen equilibrada de las mujeres y las jóvenes y de las múltiples funciones que ellas desempeñan.
Que en sus textos adopten medidas efectivas, que incluyan normas legislativas pertinentes, contra la pornografía y la proyección de programas en los que se muestren escenas de violencia contra mujeres y niños en los medios de difusión.
Sin embargo y debido a este contexto de violencia no tienen la oportunidad de incorporar en su quíntuple jornada, capacitación con enfoque de género y buenas prácticas para dar un giro rupturista al ciclo perverso de reciclar el discurso patriarcal de las violencias hacia las mujeres en los medios de comunicación.
La violencia contra las mujeres periodistas no solo limita sus derechos, sino que esas violencias incuban más violencia, por lo que urge examinar las agresiones a las que son sometidas las reporteras, y las violencias -que acusan que ellas generan- al no percatarse del discurso patriarcal en las que están inmersas, propio del alegato dominante.
De acuerdo al apartado J del acuerdo de Beijing, se debe apoyar el desarrollo de nuevos medios optativos y la utilización de todas las formas de comunicación, y proporcionar financiación, según proceda, para difundir la información dirigida a la mujer y sobre la mujer y sus intereses. No obstante no hay financiamiento para ellas, ni paridad de género en la distribución de la propaganda oficial.
Por lo que apremia una ley para desarrollo y bienestar que proteja y apoye un periodismo independiente en el estado de Veracruz con enfoque de género, mismo que fue planteado en la reciente reunión de LIVEA A.C. con la diputada federal, Anilú Ingram. Legisladora, vicecoordinadora de la bancada del PRI, quien emprendió un acercamiento a distintos grupos sociales en Veracruz para escuchar y rescatar la representación social que su partido perdió.
A la también Secretaria general de la Comisión de infraestructura e integrante de Desarrollo social se le propuso construir un mecanismo que exija y de seguimiento a los tres niveles de gobierno para que cumplan con protocolos de seguridad y protección a periodistas con enfoque de género.
