Con el voto en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Cámara de Diputados rechazó la cuenta pública del 2016 en la que el informe de la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 98 mil 485 millones de pesos.
El coordinador del grupo parlamentario de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado explicó que al no aprobarse ese ejercicio fiscal quiere decir que siguen abiertos los procesos de investigación y de aclaración de esos recursos.
“Por eso el voto en contra de la mayoría de Morena, no se puede cerrar la Cuenta Pública de 2016 y tiene que seguirse investigando. Ésa es la consecuencia jurídica”, dijo Delgado.
Agregó que a partir de las auditorías de la ASF se puede dar lugar a responsabilidad penal de algunos funcionarios, pero para ello tienen que seguirse esos procesos.
“Como ustedes saben y para nadie es un secreto, nunca hay responsables, no hay castigo. Vemos muchos escándalos en materia de desvío y mal uso de recursos públicos y pues la impunidad sigue prevaleciendo.
“Uno de los asuntos que vamos a aprobar antes de que termine este año, es precisamente que la corrupción sea delito grave…y lo que vemos todos los años es, cuando nos entregan la Cuenta Pública, son muchos escándalos de corrupción, de desvío de recursos y no pasa absolutamente nada”, resaltó.
En tanto, para el grupo parlamentario del PRI, el rechazo a la cuenta pública si hizo como criterios políticos y no técnicos, pues de los más de 98 mil millones que faltan por solventar, 84 mil 675 corresponden a entidades federativas y municipios.
El diputado Fernando Galindo Favela (PRI) exigió que se aclare que “esta cuenta pública no solo es del Ejecutivo, es de estados y municipios, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos y de las empresas productivas del Estado”.
Esto, sostuvo, no significa un desvío de recursos en automático, pues se debe esperar a que los entes auditados finalicen sus procesos para solventar dichas observaciones, y solo en caso de no ser solventadas debidamente, la Auditoría Superior de la Federación podría iniciar procedimiento jurídico de responsabilidades.
