La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados inició el análisis de la minuta con proyecto de decreto que crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con ciudadanos organizaciones sociales, representantes de instituciones académicas, expertos, y actores de la sociedad civil.
Al intervenir, representantes de la organización Alto al Secuestro, México Evalúa, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), coincidieron en que la minuta aprobada en el Senado y que se analiza en San Lázaro tiene fallas, inconsistencias y elementos preocupantes que se deben ajustar.
Por Alto al Secuestro, la señora Isabel Miranda cuestionó entre otros elementos, la “eliminación” de las fiscalías especializadas, cuya creación quedará a consideración del siguiente Fiscal. También propuso crear una Fiscalía especializada en extinción de dominio.
“¿Consideran correcto que no exista especialización para investigar la delincuencia organizada? Creo que es una pregunta que deberíamos hacernos, siendo que dicho fenómeno es el principal problema de nuestro país. ¿Consideran ustedes los diputados adecuado desaparecer las unidades especializadas para seguir el lavado de dinero, la trata, el secuestro, que requieren especialización? ¿No creen que el país requiere la creación de una fiscalía especializada también para extinción de dominio?”, planteó Miranda de Wallace.
Tajante, la activista criticó que no se establezcan requisitos técnicos ni claros a quien aspire a Fiscal, lo que dejará abierta la puerta a la corrupción; que no se contemple la existencia de una “policía criminal”.
Recalcó que los críticos del proyecto de Fiscalía quieren que al país le vaya bien, pero los cambios prometidos no podrán instrumentarse en función de promesas de “amor y paz”. Las fallas, advirtió, recaerán sobre el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y el siguiente gobierno.
“Y creo que si ustedes se resisten a que tengamos una Fiscalía fuerte, los primeros que lo van a pagar van a ser ustedes, porque son los que van a estar gobernando, me refiero a su partido. Por eso es que tenemos que buscar de manera legítima qué es lo mejor para que la Fiscalía funcione, y lo que estamos buscando es que no nazca esta ley con deficiencias que, ¿saben quiénes son los únicos que pagan los platos rotos, las víctimas del delito”, remarcó.
“No se va a acabar la corrupción de todos los corruptos, nada más por su buena voluntad de los de MORENA o porque el Presidente diga que ya todo es amor y paz. Ojalá que fuera así, que nos pusieran una vacuna y todos pasáramos y que todo quedara bien. Pero no es así, créanme que eso es lo que yo quiero, que efectivamente haya una ruta, pero una ruta certera, no de ocurrencias”, recalcó.
En ello coincidió el también integrante de la organización Alto al Secuestro, Samuel González, quien señaló que la Fiscalía no puede operar conforme a “buenos deseos”, sin bases técnicas sólidas y sin que se establezca expresamente en la ley elementos como la facultad de aseguramiento de bienes ni las facultades específicas de los fiscales. En esos términos, adelantó, será objeto de impugnación.
Por la COPARMEX, Leonor Quiroz, presidenta de la Consejería Jurídica del organismo, advirtió sobre la falta de autonomía del Fiscal y los fiscales especiales, que podrían quedar supeditados por completo al Ejecutivo Federal, si los senadores por cuestiones políticas, no llegan a un acuerdo en el nombramiento.
Destacó como altamente preocupante que no se establezcan mayores requisitos ni elementos técnicos para nombrar al funcionario; y subrayó que es preciso avalar una reforma constitucional al artículo 102, antes de emitir la Ley Orgánica de la Fiscalía, de lo contrario, la institución no funcionará como se espera.
“Si dos terceras partes políticamente en el Senado no nos logramos poner de acuerdo en ese listado de 10, carta abierta para que el Presidente envíe su terna sin haber pasado ni por el Senado ni por ciudadanos y entonces sí de esa terna, podrá elegir el Senado al Fiscal, pero si no se pode de acuerdo el Presidente lo designa. Estas cláusulas habilitantes son una de las razones por las que hemos estado impulsando una reforma al artículo 102”, alertó.
Por ende, propuso el nombramiento de un “Fiscal de transición”, que pueda actuar dos o tres años en lo que se emiten los reglamentos de las nuevas fiscalías, y que de paso a un Fiscal que cumpla requisitos técnicos específicos y claros de profesionalización, que no dure tantos años, nueve, en el puesto.
Zué Valenzuela, del Colectivo “Fiscalía que Sirva”, indicó que la minuta en análisis retomó algunas observaciones hechas en el Senado por las organizaciones de la sociedad civil, pero mantiene elementos que impedirán tener una institución a autónoma en términos reales.
Ahora que la mayoría ha propuesto reformas constitucionales para “militarizar” la seguridad, indicó, se hace patente el llamado a reformar el artículo 102 de la Carta Magna.
En defensa de la propuesta, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Dolores Padierna, indicó que se está cambiando de tajo la visión de la Fiscalía, y el Fiscal General decidirá en su momento, si se abren o no fiscalías especiales y en qué materia. Se busca una institución eficiente, funcional y que de resultados, dijo.
Su compañero de partido, Cayetano García, indicó que la actual Procuraduría General de la República (PGR) es “un desastre” y con los cambios perfilados difícilmente va a estar peor.
Dijo que su partido tiene una visión “esperanzadora”, así como un compromiso político y moral para combatir la corrupción.
