Un tribunal federal resolvió que es ilegal la garantía de cien millones de pesos fijada al ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, para obtener su libertad provisional, y que debe ser rebajada a un monto que no exceda los 30 millones de pesos.
Ricardo Paredes Calderón, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, amparó hoy a Padrés contra el monto de cien millones, que fue fijado por Juzgado Décimo Segundo de Procesos Penales Federales, e incluye los 70.4 millones de pesos del fraude fiscal que se imputa al ex Mandatario.
Paredes estableció que la reparación del daño de 70.4 millones de pesos no es un concepto que pueda ser incluido en una medida cautelar como la solicitada por Padrés, según las reglas del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
La sentencia de Paredes no es definitiva, pues la Fiscalía General de la República tiene diez días para impugnar ante un tribunal colegiado de circuito.
Sin embargo, la Fiscalía también tiene la opción de no impugnar el amparo, y dejar que se fije un nuevo monto.
«Dicho monto no podrá exceder de los 30 millones de pesos que ya habían sido fijados al señor Padrés», afirmó el Magistrado.
La ejecución del amparo corresponde al Segundo Tribunal Unitario Penal que, en apelación, había confirmado los cien millones, en sentencia del pasado 31 de octubre.
Los 30 millones fueron fijados para garantizar que Padrés, aún en libertad, seguirá compareciendo al juicio por fraude fiscal, y el monto elevado se justificó por el «riesgo considerable» de que se diera a la fuga.
Apenas el pasado 21 de diciembre, el Juzgado Décimo Segundo rechazó admitir la hipoteca de una propiedad de Diego Fernández de Cevallos en Acapulco para garantizar los 100 millones de pesos que todavía requiere Padrés para salir del Reclusorio Oriente.
El juzgado sostuvo que el valor catastral del inmueble, ubicado en la Zona Diamante de Acapulco, es de sólo 534 mil pesos, lo que contrasta con los 402 millones de pesos del avalúo comercial presentado por la defensa de Padres.
Padrés enfrenta otro juicio por lavado de 11.1 millones de pesos, en el cual el Juzgado Séptimo de Procesos le fijó una garantía de 40 millones de pesos, que ya fue cubierta con dos inmuebles en Sonora, por lo que se ordenó colocarle un brazalete electrónico para monitorearlo cuando salga de la cárcel.
El ex Gobernador está preso desde noviembre de 2016.
