Las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados se unieron para presentar una iniciativa alterna en materia educativa.
Con ella, se propone eliminar la evaluación del desempeño ligada a la permanencia, ya que su aplicación ha sido identificada como un elemento punitivo y crear un nuevo órgano con las mejores prácticas que tiene el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
En el mismo día en que arrancaron las audiencias públicas para iniciar el análisis de la propuesta del Ejecutivo, los legisladores opositores presentaron ante el pleno su propuesta alterna de reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución.
En la máxima tribuna, el panista Juan Carlos Romero Hicks argumentó que las cuatro bancadas opositoras asumen, a nombre de especialistas y Organizaciones de la Sociedad Civil, la introducción de una iniciativa profunda, innovadora y amplia, para poner en perspectiva el tema de la educación.
Explicó que incorporan temas de derechos humanos, aspectos de interculturalidad, ciencia, tecnología e innovación, la obligación del Estado para impartir educación superior; como giro y foco de todo, el educando y como agente principal a ser respetado, el maestro.
En la exposición de motivos, la oposición plantea que dado que esta labor requiere de una profunda transformación de las instituciones y de las políticas para mejorar la docencia, tanto en el ámbito de la formación inicial como de la formación en servicio, se incorpora la figura del Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio.
“Con esta actualización normativa se aspira a despojar a la evaluación docente de connotaciones punitivas y sumativas privilegiando su contribución a la mejora continua del sistema educativo nacional, al desarrollo profesional de sus integrantes, al respeto de los derechos de todas las personas y al enriquecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje”, subrayan los diputados panistas, perredistas, priistas y ciudadanos.
Destacan que uno de los componentes más importantes es, sin duda, aquel que indica que la evaluación de los docentes debe efectuarse bajo los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y objetividad.
Señalan que el mérito como principio rector contribuye a combatir la opacidad y la discrecionalidad, en tanto que quienes aspiran a ejercer como docentes o a mejorar sus condiciones laborales tienen el derecho de conocer, con anticipación, la información acerca de qué y cómo se va a evaluar y todo lo relacionado con el proceso, los requisitos y los efectos de las evaluaciones.
Sostiene que la medición de mérito debe realizarse por instancias con autonomía plena y técnicamente calificadas para diseñar instrumentos adecuados y adaptados al contexto en donde cada profesor se desenvuelve para poder hacer una interpretación adecuada del mérito y del desempeño docente.
También reivindican la autonomía de las universidades públicas que han sido las impulsoras de la mayor parte de la investigación científica para la generación de nuevos conocimientos, lo que constituye uno de los valores agregados más importantes que siguen dándole plena vigencia y autoridad.
Por lo anterior, resulta imprescindible en esta iniciativa preservar la fracción VII del Artículo 3 constitucional referido a la autonomía universitaria.
Las garantías institucionales que tutela esta fracción: libertad de cátedra e investigación, autodeterminación de planes y programas académicos, autogobierno y libertad para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, han resultado fundamentales para el desarrollo y consolidación de las universidades autónomas por ley.
Las bancadas opositoras indican en su propuesta que para garantizar la mejora en la prestación de servicios educativos, el Estado contará con un órgano autónomo que no dependa de agendas políticas y goce del prestigio y reconocimiento para monitorear el cumplimiento del derecho a una educación de calidad.
Por ello, proponen la creación de un nuevo órgano autónomo, el Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación (el Centro), que le dará preponderancia a lo técnico por encima de lo político, mediante la institucionalización de las herramientas idóneas para que el Estado mexicano robustezca sus funciones evaluadoras y reguladoras.
Además, genere los insumos necesarios para que las políticas educativas sean más pertinentes, inclusivas y equitativas.
En ese sentido, la iniciativa plantea recoger las buenas prácticas que hasta ahora ha realizado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como varios de los informes y recomendaciones de política que se hicieran para mejorar el sistema educativo.
También asigna al Centro funciones más específicas, acordes a su naturaleza, con el fin de atender omisiones del instituto y potenciar la capacidad del nuevo organismo para desarrollar, con base en sus investigaciones y mediciones, propuestas de política educativa útiles no sólo para las autoridades educativas federal y estatales, sino beneficiosas para los educandos, las escuelas, directivos y docentes.
