La consolidación de un Estado de Derecho en cualquier nación es fundamental no sólo para su existencia, sino para su indispensable evolución social y política.
Manuel González Oropeza

El advenimiento moderno en el esquema multipolar dentro del gran concierto internacional de naciones, privilegió a la propiedad privada y la certeza jurídica como las columnas bases que sostendrían el gran templo del desarrollo para los países, y hoy ello acude como una condición generalizada.
Es prudente mencionar que los países con mayor libertad para hacer negocios y respetar los contratos cuentan con mayores niveles de desarrollo, menos grados de corrupción y una vigencia en expansión en lo que respecta a la innovación para la sustentabilidad.
El caso mexicano históricamente es consecuencia de un sistema jurídico con principios y planteamientos ambiguos o anacrónicos, que derivan en situaciones como la discrecionalidad de funcionarios en la toma de decisiones o en procedimientos largos y complejos, impactando negativamente en los niveles de certeza jurídica, es decir, en la certidumbre de los ciudadanos de que las leyes se cumplen.
Lo anterior ha y sigue generando espacios propicios para la corrupción y la búsqueda de beneficios al amparo de la administración pública, la falta de una vocación social en la aspiración de legalidad, sigue generando una percepción de aplicación selectiva de la ley.
Ello, a su vez, se ha traducido en obstáculos para el desarrollo nacional. La certeza jurídica, a pesar de los diversos esfuerzos realizados en el pasado con reformas en lo penal, de responsabilidades de los servidores públicos o la utilización de plataformas digitales, dista de ser óptima o funcional. Ya que no se ha logrado equilibrar la discrecionalidad de las autoridades administrativas y judiciales en la aplicación de las normas.
Diversos sectores del ámbito social y político coinciden en que el vaso conductor en el fundamento básico, para que haya certeza jurídica y sea predecible la aplicación de la ley, radica en que los ciudadanos tengan la seguridad de que la norma se hará cumplir y en que éstos conozcan los criterios básicos bajo los cuales se aplicará.
Lo cual implica una torrente de pensamiento precisada, en que ni la autoridad administrativa ni la judicial puedan hacer distinciones en atención a cuestiones personales, políticas o económicas.
Esto último, hoy mismo parece aun ser menos claro que en el pasado, ya que la polarización extrema del país, se vincula más a lo ideológico que a lo técnico. De esa manera es oportuno destacar que somo civilización, ha sido la técnica lo que nos ha alejado del oscurantismo y dado luz.
Para ello, es oportuno perfeccionar las reformas sustantivas y procesales, en los ámbitos que nos ocupan como nación, para resolver las problemáticas aquí mencionadas, a partir de un lenguaje común, un álgebra clara, con que se logre formar pilares desarrollo de un país y dé seguridad de los ciudadanos, sumado a la protección a los derechos de propiedad.
Lo anterior, a partir de que la ley debe garantizar a las personas, familias, comunidades y empresas que las posesiones que han obtenido legítimamente no habrán de perderse, sino que podrán ser aprovechadas en su propio beneficio, es decir, el cumplimiento de la ley nos hace libres.
México necesita leyes en diversos ordenes, una verdadera convocatoria que ayude a perseguir y encarcelar a los delincuentes, para que los encargados de hacer valer las funciones del Estado, en la natural separación de poderes actúen con firmeza y con honradez, sin permitir que ningún acto ilícito quede en la impunidad.
Ante ese dilema no solo patrimonial en lo particular, sino también en lo general, México se encuentra por la posibilidad de un cambio en los contratos en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin indemnización, de acuerdo a lo establecido en los mismos, lo que podría generar una baja en el grado de inversión de la deuda soberana mexicana, una calificación que de entrada permea ex las expectativas de la inversión privada del país y el emprendimiento que hoy generan el 90% de los empleos nacionales e impulsan a la formación bruta de capital nacional en el orden del 80% del Producto Interno Bruto(PIB).
No está de más mencionar que la calificación soberana de un país evalúa la capacidad de pago de las emisiones de deuda y recoge el análisis de indicadores macroeconómicos, políticos e institucionales, si bien existen diversas calificadoras de riesgo, las más reconocidas a nivel mundial son Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch.
Al respecto, el grado de inversión representa el grado de confianza en que las obligaciones de deuda de un país serán cubiertas oportunamente, lo cual genera mayores flujos de Inversión hacia el país.
Una vez un país pasa de Grado Especulativo a Grado de Inversión, se abre un nuevo destino para los recursos de los grandes inversionistas institucionales a nivel mundial, los cuales usualmente cuentan con estrictos regímenes de inversión y le dan valor a la certeza jurídica.
Es decir, brevemente podemos observar que el éxito de un país en lo económico, social y cultural, es consecuencia del grado de respeto que se tenga en sus acuerdos de “buena fe”, llamados convencionalmente como: contratos.